Es fundamental que los parlamentos regulen la IA

Los parlamentos deben adoptar una disciplina ad hoc para la regulación de los sistemas de inteligencia artificial (IA), a fin de que sea un sistema seguro, sometido a la supervisión humana, socialmente responsable con el medio ambiente, y que respete los derechos de propiedad intelectual, consideró el vicedecano de Investigación y Transferencia de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, Ignacio García Vitoria.

En la conferencia inaugural del Seminario Permanente Estado de Derecho, Democracia y Derechos Humanos, el legislador español destacó que la IA puede ayudar a mejorar los sistemas democráticos, pero también puede erosionar profundamente la democracia si no se responde de manera efectiva a los riesgos que plantea; sin embargo en este momento sólo se tienen directrices parlamentarias que revisan principios éticos sobre privacidad, transparencia o responsabilidad.

Al ofrecer la charla “Parlamento e Inteligencia Artificial” ante especialistas en derecho reunidos en el Aula Centenario del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ), García Vitoria comentó que uno de los usos que han hecho los parlamentos europeos de la IA es la traducción de documentos, porque cada uno utiliza su propio idioma, así como el de asistentes virtuales.

Durante el posterior diálogo con expertos mexicanos, Diego Valadés Ríos, investigador emérito del IIJ, recordó que hace una década surgieron los proveedores de los servicios de IA y actualmente en México, y varias zonas del mundo, ya se discute su regulación, lo cual resulta alentador.

El miembro del comité directivo del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional subrayó la rápida respuesta que ha habido en torno al debate sobre la regulación de las empresas de IA, como lo fue con el tema de la biotecnología que hoy permite hablar de ciberseguridad, tecnoética o tecnoseguridad para evitar que las operadoras de la IA puedan paralizar sistemas de navegación, bancarios o de provisionamiento de alimentos.

En el caso mexicano, agregó Ruth Zavaleta Salgado, profesora de la FD y expresidenta de la Cámara de Diputados, para el 2026 se han presentado 87 iniciativas que se inscriben en torno al Código Penal Federal, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley Federal de Derecho de Autor, la Ley General de Educación, la Ley General de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes; es decir, no hay una preocupación del Congreso por regular a las empresas de la IA, sino por utilizarla en temas que están en la mesa de discusión.

Daniel Armando Barceló Rojas, investigador del IIJ, coincidió en que la IA puede servir muchísimo al control parlamentario del gobierno o en entidades como la Auditoría Superior de la Federación. “No le solemos dar seguimiento a eso porque las cuentas son muy grandes y técnicas, pero este sistema podría hacer más amigable a los diputados esto para tener un mayor control”.

A su vez, María Elisa Franco Martín del Campo, coordinadora del Observatorio del Sistema Interamericano Derechos Humanos e investigadora del IIJ, señaló que el tema del uso de la IA es el centro también de los Derechos Humanos, y Naciones Unidas ha hecho un llamado urgente para regular su uso, especialmente el desarrollo en el constitucionalismo en materia de IA, porque implica regular a las empresas tecnológicas y que los gobiernos exijan obligaciones y responsabilidades por incumplimientos.

En tanto, Michael Rolla Negrete Cárdenas, secretario técnico en el Senado de la República y profesor de la Facultad de Derecho, remarcó que en el caso mexicano se regula sólo el uso de la IA, por lo que el problema debe abordarse a partir de normas flexibles ya que se trata de algo en constante desarrollo.

Posteriormente, Beatriz Camarillo Cruz, investigadora del IIJ, comentó que en el caso mexicano sería interesante el regular al interior y exterior del Parlamento el uso de la IA porque esto impacta a la sociedad; además de que su adopción es una decisión de primer orden que afecta todo el Estado, desde el ámbito local hasta el Federal, por lo que es importante revisar los niveles de control de intereses, especialmente para los funcionarios públicos.

Con ella coincidió Carla Huerta Ochoa, investigadora del IIJ, en tanto que Juan Carlos Cervantes Gómez, profesor de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, dijo que el uso de la IA para el desarrollo de proyectos es algo que debería ser delimitado debido a las fallas en los algoritmos que, en muchas ocasiones, retoman información falsa y la desarrollan mal, por lo que asesores no deberían usarla de manera excesiva, lo cual aprecia en algunas iniciativas que tienen sesgos en la información.

La charla, moderada por José Daniel Chávez Sáenz, especialista del IIJ, fue organizada en el marco del seminario derivado de la línea de investigación de Derecho Constitucional Iberoamericano comparado, del IIJ, la Facultad de Derecho (FD) y el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional.

(Con información de Gaceta UNAM)