20 años de cárcel a reclutadores de menores para crimen organizado

Ciudad de México. Por unanimidad de 419 votos, la Cámara de Diputados aprobó una reforma para castigar hasta con 20 años de prisión el reclutamiento forzado de menores de edad y adultos para integrarse al crimen organizado.

En la sesión de esta tarde, el pleno avaló cambios a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos de Trata de Personas, en materia de reclutamiento criminal, y definió que la pena de prisión aumentará hasta 10 años más si las víctimas pertenecen a pueblos indígenas o afromexicanos, son migrantes o si quienes cometen el delito son funcionarios o exintegrantes de alguna corporación de seguridad pública o de la Fuerza Armada permanente.

Buscan cerrar vacío jurídico
En tribuna, al explicar el alcance de la reforma, la diputada Elena Edith Segura Trejo (Morena) señaló que la falta de un tipo penal específico no significa que el reclutamiento forzado no exista.

Implica, dijo, “que durante años hemos enfrentado un vacío jurídico que ha dificultado el poder identificarlo, investigarlo y sancionarlo como realmente es”.

Resaltó que, cuando una conducta no cuenta con un tipo penal propio, los hechos terminan investigándose bajo figuras distintas, como trata de personas, corrupción de menores, secuestro, desaparición o delincuencia organizada.

“Esta dispersión puede fragmentar los casos, dificultar su registro y permitir que la conducta específica de quienes captan, inducen o incorporan personas a estructuras criminales queden diluidas dentro de otros delitos”, señaló.

Abundó que el reclutamiento forzado puede llevarse a cabo mediante engaños, falsas ofertas de empleo, amenazas, violencia, coacción o aprovechándose de las condiciones de vulnerabilidad de las personas y de comunidades con altos niveles de pobreza y marginación.

Añadió que, cuando el delito se comete contra niños o adolescentes, debe indagarse también quién los captó, cómo los incorporó, si existieron amenazas o violencia y de qué manera se aprovecharon de sus condiciones de vulnerabilidad.

Alertan sobre reclutamiento mediante falsas ofertas de empleo
A su vez, el panista José Guillermo Anaya Llamas resaltó que los cambios legales reconocen la realidad del fenómeno de reclutamiento de jóvenes a través de redes sociales o avisos impresos, con falsas ofertas de trabajo, amenazas o incluso coacción.

“Detrás de cada joven reclutado por la delincuencia hay una familia que vive una auténtica pesadilla: una madre que no sabe dónde está su hijo, un padre que recorre hospitales y fiscalías buscando respuestas, hermanos que esperan escuchar una llave en la puerta, y familias que todos los días se preguntan si volverán a abrazar a quien aman”, señaló.

Además, expuso, no hay dolor más profundo que buscar a un hijo sin saber si está vivo, dónde está o si algún día regresará a casa. Por lo tanto, sostuvo que se requiere una ley que permita perseguir eficazmente a quienes reclutan y, a la vez, proteger integralmente a quienes son reclutados, es decir, a los niños y adolescentes.

Denuncian reclutamiento de niños de siete años
Por su parte, la diputada Lilia Aguilar Gil (PT) refirió que se trata de atacar una realidad que se vive en estados como Chihuahua, Guerrero, Sonora y Chiapas, donde se comete el reclutamiento forzado incluso de niños de siete años.

“En Chihuahua, mi estado, los niños de esa edad pueden correr por la sierra baja, conocen perfectamente las montañas y son ágiles, y por ello los meten al tema del negocio de la siembra de amapola”, refirió.

Sin embargo, acotó, estos menores “no son delincuentes, están ahí porque es eso o los matan. Y esos niños son víctimas no solamente de trata, sino de un secuestro abierto”.

Lamentó que, durante años, este fenómeno haya permanecido invisible y, con la reforma, la Cámara lanza “un reto al crimen organizado diciéndoles que nuestras niñas, niños y adolescentes no se tocan y que, además del delito que comete el crimen organizado o delitos en contra de la salud, hoy también enfrentarán otro delito que tiene que ver con este reclutamiento forzado”.

(Con información de La Jornada)