Denuncias contra priistas basadas en la ley: LBA
El Gobierno Yucatán interpuso varias denuncias penales, por diversas irregularidades heredadas por Rolando Zapata Bello
Mérida, Yucatán. La titular de la Secretaría de la Contraloría del gobierno del estado, Lizbeth Basto Avilés, rechazó que las denuncias penales interpuestas por un daño al erario de 533 millones de pesos sean producto de una “cacería de brujas”, como expresó Claudia Ruiz Massieu Salinas, presidente del CEN del PRI, “pues la administración de Mauricio Vila Dosal sólo busca la aplicación de la ley basada en un trabajo serio, sin tintes políticos”.
Como hemos informado, el gobierno del estado interpuso varias denuncias penales derivadas del proceso de entrega recepción, por diversas irregularidades heredadas de la pasada administración, que encabezara Rolando Zapata Bello.
Entrevistada al respecto, Basto Avilés aseguró que el proceso penal iniciado con las denuncias presentadas por el Ejecutivo estatal tomará tiempo, toda vez que la autoridad ministerial buscará hacerse de los elementos necesarios para llevar el caso ante un juez.
“El proceso de las denuncias no es un proceso que tenga un tiempo determinado, no tiene plazos fatales. La Vicefiscalía va iniciar las investigaciones que corresponden. Yo creo ya las inició el vicefiscal, ya se puso en contacto conmigo. Seguramente harán requerimientos de información o pruebas más específicas en su momento. Estamos en la disposición de presentarles todo lo que nos requiera”, ahondó.
Afirmó que la dependencia a su cargo continúa con el programa de auditorías normales, ya aprobado por el gobernador, y en caso de encontrarse alguna anomalía ésta será denunciada ante las autoridades correspondientes.
“Hemos trabajado con profesionalismo, con integridad, con honradez. Yo creo que hemos integrado las denuncias con todas las pruebas que tenemos. La autoridad, la Vicefiscalía determinará si estas pruebas son suficientes y si no nos requerirá información adicional”, abundó.
Rechazó la afirmación de Ruiz Massieu en el sentido de que el PRI denunciaría cualquier intentona de cacería de brujas por parte del gobierno de Mauricio Vila, mediante denuncias a las autoridades.
“Nuestro trabajo es un trabajo técnico. En realidad, las cuestiones políticas son punto y aparte. Nosotros estamos haciendo todo conforme marca la ley, con responsabilidad y profesionalismo”, dijo.
Indicó que al menos 80 ex funcionarios fueron requeridos por la Secretaría de la Contraloría para que aclararan las dudas que surgieron en el proceso de entrega-recepción. La mayoría de ellos respondió por escrito y los menos ignoraron el llamado.
Comentó que como resultado de las experiencias surgidas durante el actual proceso de entrega-recepción, el gobierno del estado buscará proponer una ley que norme y transparente el relevó de administraciones.
“Más que una disposición normativa del proceso de entrega-recepción, podamos transparentar ese proceso y generar una ley de entrega-recepción aplicable, clara, transparente y con procesos muy bien fundamentados. La pasaremos al Congreso del estado, estaremos trabajando en ella; no es una urgencia inmediata”, adelantó.
(Con información de la Jornada Maya)
