Simula gobierno lucha contra la corrupción
Ciudad de México.- Desde la definición de las acciones que involucra ese delito, así como en los años de cárcel y multas a aplicar, México cuenta con leyes comparables a los mejores sistemas que hay en el mundo para combatir la corrupción pero… no funcionan.
Las leyes y las instituciones están ahí pero la efectividad en su ejecución está lejos de los resultados obtenidos por naciones como Rumania, de las más recientes en adherirse a esta lucha, todo por causa de las personas corruptas que son colocados en los órganos anticorrupción.
Los modelos de legislación mundial muestran que México tiene leyes similares a las de Dinamarca, Nueva Zelanda, Noruega, Singapur, Finlandia, Japón, Reino Unido, Alemania y China, naciones que se ubican en los primeros lugares mundiales en la lucha contra la corrupción, pero hay diferencias fundamentales.
Entre esas diferencias está la ética de sus políticos, empresarios y sociedad civil, que son intolerantes a los hechos de corrupción, lo que ha llevado a políticos japoneses a suicidarse para no enfrentar la vergüenza pública por ser descubiertos en actos de este tipo; la transparencia absoluta de los ingresos y riqueza de todos sus habitantes, en un sistema público de consulta, como ocurre en Dinamarca y Noruega.
El acatamiento de las decisiones de los fiscales anticorrupción para encarcelar a los corruptos, sin intentos políticos por llegar a negociaciones; el cobro efectivo de las multas millonarias y en casos extremos, como ocurre en Singapur y Hong Kong, China, la aplicación de la pena de muerte.
Ejemplos sobran
Protagonista de la noticia mundial en las últimas semanas, Rumania es un país que tiene antecedentes públicos de las prácticas de corrupción en que incurrió su sociedad, pero como parte de los requisitos para ingresar a la Unión Europea, debió combatir este delito.
Sus leyes castigan todo tipo de actos de corrupción, con multas y/o años de cárcel, que van desde uno hasta diez años, con agravantes y atenuantes, incluso tiene una ley que permite reducir 30 días de condena por cada obra científica o literaria que un prisionero realice, lo cual ha generado también corrupción, pues, de acuerdo con información de las instancias judiciales rumanas, en 2014 los prisioneros produjeron 94 libros y, en 2015, la producción de obras científicas y literarias llegó a 340, pero se ha descubierto que en algunos casos se paga a académicos en universidades y se compran las obras.
La esencia de la efectividad en el combate a la corrupción en Rumania, de acuerdo con el reporte más reciente de la observación de Naciones Unidas, es que la institución autónoma que persigue este delito ha llevado a la cárcel a políticos, futbolistas, empresarios y todo tipo de personajes involucrados con estos hechos, a quienes no les brinda trato preferente alguno.
El castigo que aplica Rumania a los corruptos es similar a los parámetros mundiales, pero, a inicios de este mes, el gobierno aprobó una reforma para atenuar las penas y fijar un monto superior a los 44 mil euros de daño al erario para ser castigado con prisión, y sacar del catálogo algunos delitos considerados menores.
Esa decisión generó una protesta social, a partir de la inconformidad expresa de la Fiscalía Anticorrupción, que forma parte de la Dirección Nacional de la Lucha contra la Corrupción y que integra a la Agencia Nacional de Inteligencia, que son instituciones autónomas y con un fuerte respaldo ciudadano.
Ética política
De acuerdo con los estudios constantes que realizan la ONU y la OCDE, Dinamarca es un país completamente libre de corrupción; de hecho, no tiene un sistema de combate a este delito, pero cuenta con una cultura de ética política que tiene una supervisión constante de los ciudadanos; hay una cultura arraigada de que el pago de impuestos y el cuidado del erario es responsabilidad de todos; los daños hechos al patrimonio económico nacional es una afectación para todos y la cultura de transparencia y rendición de cuentas está arraigada en la sociedad.
Dinamarca, Finlandia y Noruega tienen un sistema en que toda la población que trabaja está obligada a entregar el reporte de su riqueza personal y familiar, sus posesiones y, si las actividades a desarrollar son empresariales, están obligados a presentar las declaraciones de impuestos y las relaciones que pueden incurrir en conflicto de intereses.
Cuando el año pasado en México se intentó incluir al sector empresarial en la obligación de presentar la llamada declaración 3de3, que consiste en que se presente la declaración patrimonial, la de impuestos y la de conflicto de intereses, de forma inédita integrantes de organismos empresariales realizaron una marcha hasta lograr que el Senado, cámara de origen del paquete de leyes anticorrupción, desistiera de ese objetivo.
Lo mismo pasó cuando se pensó en que absolutamente todos los servidores públicos hagan del dominio popular su situación patrimonial; se aludió violación a la privacidad y, por eso, esas disposiciones quedan sólo para servidores públicos con altos grados de poder y de ingresos.
Los análisis de la OCDE y de la ONU muestran que el modelo de una autoridad ministerial autónoma ha resultado muy positivo en todas las naciones que avanzan contra la corrupción. En todos esos casos hay un sistema integral y disposiciones que definen los tipos penales que se consideran corrupción. (Con información de Excelsior)
