Ley de Seguridad Interior en 30 días: estrategia de Peña

Ciudad de México. Ya apareció el peine de la inducción de saqueos tras el gasolinazo: el Congreso de la Unión aceleró la discusión de la reforma en materia de Seguridad Interior que dará a las fuerzas armadas un marco jurídico para que participe en el combate al crimen organizado de manera legal, no como lo hace actualmente.

La visión oficialista

Los trabajos se llevarán a cabo en conferencia, entre la Cámara de Diputados y el Senado, cuyos integrantes llevaron a cabo una primera reunión en la que participó el consejero jurídico de la Presidencia, Humberto Castillejos Cervantes, quien consideró que se cuente con una reglamentación precisa y puntual para poder contar con un andamiaje legal dentro de la lógica constitucional para que el Ejército y la Marina tengan una función auxiliar en materia de seguridad interna.

El consejero jurídico resaltó que el presidente Enrique Peña Nieto podrá tener una participación intensa con el Legislativo para poder crear una mejor ley y evitar que pudiera vetar el contenido de la legislación.

Una alternativa más social

Además de la propuesta priista, el perredista Miguel Barbosa también expuso su iniciativa  de Ley de Seguridad Interior, que este miércoles presentará en la Comisión Permanente. Donde subraya que “bajo ninguna circunstancia pueden ser consideradas como amenazas a la seguridad interior las acciones relacionadas con movimientos  o conflictos sociales, político o electorales”.

Barbosa subrayó que en primer lugar, su propuesta plantea que el Ejército y la Marina, vuelvan a sus cuarteles en un plazo de seis meses, desde la entrada en vigor de la Ley General en Materia de Seguridad Pública, siempre que esté comprobado que los cuerpos policíacos cuentan con la fuerza para encargarse de dicha seguridad.

El golpe estaría listo en un mes

El presidente del Senado, Pablo Escudero consideró que la ley puede estar lista en un mes, toda vez que ambas cámaras van a a trabajar de manera conjunta. No será posible ya un periodo extraordinario, pero sí trabajar de manera acelerada los próximos treinta días.

Durante la reunión de ayer realizada en el Senado, el coordinador de los diputados del PRI, César Camacho Quiroz, el diputado panista Jorge Ramos y los senadores Roberto Gil Zuarth y el perredista Miguel Barbosa presentaron  las iniciativas de ley en la materia.

César Camacho, quien presentó su iniciativa de seguridad interior en la Cámara de Diputados, destacó que “sí es indispensable una ley para las fuerzas armadas pero lo es tanto o más para los ciudadanos. Es una obligación jurídica, política y ética darle certeza jurídica, y por ello tenemos que regularizar la actuación de las fuerzas armadas en materia de seguridad interior”.

El priísta abundó: “es una necesidad urgente contar con un entramado jurídico que no sólo marque límites geográficos sino temporales, es decir, en qué espacios y qué tiempo, y eso es lo que nos ha pedido el general Salvador Cienfuegos. Sostuvo que ésta “no es una ley que responda a una situación emergente, sino que es una ley vital e indispensable para cualquier estado democrático”.

Militarización acotada: PAN

En tanto, el senador panista Roberto Gil Zuarth, quien también presentó la iniciativa de seguridad interior en el Senado, manifestó que con esta propuesta de ley “no se pretende militarizar al país”.

“Hoy en día el despliegue de las Fuerzas Armadas es discrecional. En Tamaulipas llevan diez años, por ello  mi propuesta establece un plazo de seis meses, tiempo en el que las autoridades estatales o municipales deberán capacitar o fortalecer a sus cuerpos policíacos”, dijo el senador Gil Zuarth.

El panista resaltó que se debe romper esa lógica de que las Fuerzas Armadas realizarán las labores que no pueden o no quieren llevar a cabo las autoridades civiles, estatales o municipales, por ello, deben ser un plazo determinado de seis meses

Asimismo subrayó que la propuesta de ley “no limita los derechos humanos, no implica estado de excepción, queda muy claro que el despliegue de las fuerzas armadas deberá hacerse con pleno respeto a los derechos humanos y las garantías individuales”. (Con información de Internet)

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