Campaña mediática contra Etiopía, denuncian canciller
El ministro etíope señaló a CNN, New York Times, BBC y Reuters de crear histeria y desorientar al gobierno con falsa información
Addis Abeba, Etiopía. El ministerio de Relaciones Exteriores aseguró que algunos países y medios de comunicación occidentales distorsionan el conflicto en el norte del país, como parte de una campaña mediática contra el gobierno de Etiopía.
Un ejemplo de la manipulación de la realidad de la nación fueron los informes de que el Frente de Liberación Popular de Tigray sitió la capital, dijo el portavoz de la cancillería, Dina Mufti, durante una conferencia de prensa.
Había un objetivo preciso con esa falsa información, crear histeria y desorientar al gobierno del cumplimiento de su deber, agregó, y señaló a CNN, New York Times, BBC y Reuters entre los que la divulgaron.
Según comentó el vocero, también es erróneo un reporte de Reuters, el cual acusa a las autoridades federales de aprovechar el recién declarado estado de emergencia para obligar a los ciudadanos a portar tarjetas de identificación que indiquen sus orígenes étnicos.
Todas las personas, señaló, pueden hacer uso de diversas alternativas como documentos de identidad, entre ellos la licencia de conducir, las tarjetas de identificación de empleo y los pasaportes nacionales, y ninguno de ellos incluye la etnia de su portador.
Nadie será detenido por su origen étnico. Si un individuo no tiene participación en actividades prohibidas, como se indica en el procedimiento de implementación del estado de emergencia, la policía los liberará de inmediato, aseguró.
Desde que el primer ministro Abiy Ahmed asumió el cargo, la mayoría de los municipios que solían incluir en las tarjetas de identificación el origen étnico de los portadores, abandonaron esta práctica, explicó el vocero.
No es cierta tampoco la noticia sobre el bloqueo gubernamental a los suministros humanitarios a Tigray desde el 18 de octubre, añadió.
Acerca de la detención de trabajadores de Naciones Unidas, aseveró que “no tienen nada que ver con la organización para la que trabajan y serán puestas en libertad si no hay pruebas para mantenerlos arrestados”.
El gobierno, señaló, responsabiliza a quienes contravienen las leyes.
(Con información de Prensa Latina)
