Sin cambio en ingresos ni en presupuesto de egresos 2022
Petróleos Mexicanos, seguridad social, salud y educación, marcan la pauta en el proyecto económico del la actual administración
Ciudad de México. Las presiones en gasto son prácticamente inerciales: Petróleos Mexicanos (Pemex), la seguridad social, la salud y educación, son rubros que cargan las necesidades y carencias provocadas por el Covid-19, frente a una estructura de ingresos que tampoco verá modificaciones de fondo, explicaron académicos.
Hay un nuevo secretario en Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, quien no ha participado desde el inicio de la actual administración, pero mantiene la consigna de “profundizar y consolidar la transformación del proyecto económico que inició en diciembre de 2018”, en medio de una alerta permanente por nuevas olas de contagio de coronavirus, que han determinado el curso de la actividad productiva.
Las condiciones en que se diseña el Paquete Económico 2022 están marcadas por la crisis sanitaria y económica para la que se requieren políticas que impulsen el crecimiento y la inversión, el margen fiscal está atado a la capacidad de los ingresos y a las prioridades en gasto ya definidas por la actual administración, explicaron académicos.
“Tenemos un gran desbalance, hay una gran cantidad de obligaciones que el Estado debe garantizar a la población, y cada vez le agregamos más, pero no hay modificaciones en su contraparte: los ingresos”, explicó Miguel González, coordinador del Centro de Estudios Financieros y de Finanzas Públicas (CEFI) de la Universidad Nacional Autónoma de México.
En salud, además del Covid-19, el gasto en este rubro también está presionado por la transición del Seguro Popular al Instituto de Salud para el Bienestar; y a ello se pueden sumar las necesidades de gasto federalizado para los estados, que también como consecuenta de la crisis económica y la pandemia han aumentado, explicó Horacio Sobarzo, académico del Centro de Estudios Económicos del Colegio de México.
Además, como resultado de la situación sanitaria, las aulas han estado cerradas por más de 16 meses. A una infraestrcutrua que ya era deficiente, incluso con carencias de agua en algunos casos, se suman los gastos de restauración y otras necesidades escenciales en el marco de la pandemia, como sistemas de limpieza, jabón, gel, antibacterial, comentó González. Ello sin dejar de lado la capacitación de los maestros, que requiere el modelo educativo impuesto por el coronavirus, agregó.
Héctor Magaña, profesor-investigador del Tecnológico de Monterrey, explicó que “por varios años, Pemex ha complicado la elaboración del presupuesto y reasignado recursos que se pudieron utilizar en otras conceptos para mantener la vitalidad de la compañía estatal”; y se mantendrá como una presión para las finanzas públicas en tanto no se normalice la producción y estabilicen sus finanzas.
“En la medida en que no tenga una mayor eficiencia productiva, es dinero a un barril sin fondo”, agregó González, en una conversación aparte.
Sobarzo y González consideraron que dada la crisis y requerimientos de empleo, un paquete económico en estas condiciones debería impulsar la inversión. El coordinador del CEFI explicó que si bien este año se espera un rebote en el crecimiento “que parece muy espectacular, es simplemente porque venimos de una base de comparación muy baja”. Sin embargo, al contar la caída de 2019 y el que no se alcanzarán los niveles prepandemia antes de 2023, son “casi cinco años en que el crecimiento sería cero o muy escaso”.
Mañaga explicó que la necesidad de una reforma fiscal antes de que acabe el sexenio dependerá de cómo evolucione la economía.
Si bien se estima un rebote de al menos 6 por ciento este año, el cual puede ser afectado por la tercer ola que cursa el país, dicha expectativa da cierta solidez a la perspectiva de los ingresos tributarios.
González consideró que es necesario una revisión de fonfo en la política fiscal, pero se requiere voluntad política para cualquier cambio, porque los beneficios no se verán ni en esta ni en la próxima administración.
Sin embargo, un ejercicio en este rubro se ha estado postergando desde finales del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz y al final habrá un costo político: “ hacer la reforma fiscal; o disminuir, contener o hasta quitar parte de las prestaciones sociales. Todo tiene consecuencias políticas”.
(Con información de La Jornada)
