Revés de SCJN a intereses en la compra de medicamentos
Un grupo de senadores de oposición había demandado que se anulara la reforma legal que permitio a la 4T la adquisición internacional
Ciudad de México. El gobierno federal podrá seguir adquiriendo medicamentos en el extranjero sin llevar a cabo una licitación nacional en primera instancia, luego de que fracasara el intento de un grupo de senadores de la oposición por declarar inconstitucional la reforma legal que posibilitó la nueva modalidad de compra.
Ayer, los votos de seis ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) fueron insuficientes para declarar inconstitucional la reforma de agosto del 2020 al párrafo primero de la Ley de Adquisiciones del Sector Público porque, para que el Pleno de la Corte declarara inconstitucional el ordenamiento, se requería de al menos ocho votos.
La reforma exentó por completo de la aplicación de dicha ley, la adquisición de bienes o prestación de servicios para la salud que contraten las dependencias y/o entidades con organismos intergubernamentales internacionales.
De este modo, el gobierno federal podrá seguir adquiriendo medicamentos y material de curación a través de compras internacionales –que no excluyen a oferentes nacionales– como las que ha llevado a cabo por conducto de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), con quien suscribió un convenio el 31 de julio del año pasado para la realización de adquisiciones durante 53 meses.
El proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara establecía que con la reforma el Congreso no garantizó los principios de eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez en las compras públicas de medicamentos, y en su favor se pronunciaron los ministros Javier Láynez, Alberto Pérez Dayán, Luis María Aguilar, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y la ministra Norma Piña Hernández.
En contra votaron las ministras Margarita Ríos-Farjat, Yasmín Esquivel y los ministros Arturo Zaldívar, Fernando Franco y Jorge Pardo.
En su intervención el ministro Arturo Zaldívar expuso que la norma prevé una finalidad –la salud– que justifica plenamente la flexibilización del régimen de contrataciones públicas a través de un modelo concreto de colaboración con organismos intergubernamentales internacionales, bajo los cuales, el Estado Mexicano acuerda con estas organizaciones la gestión de procesos abiertos de licitación pública para adquirir bienes y servicios médicos, siempre con arreglo a estándares internacionales de calidad y transparencia.
De acuerdo con analistas consultados, el rechazo de la norma por mayoría simple permitirá conceder amparos en los juicios que para ese efecto fueron promovidos por la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma), así como algunos otros laboratorios privados, aunque la revisión final de dichos recursos también corresponderá a la SCJN.
En octubre del año pasado, el gobierno mexicano anunció que para este 2021 invertiría unos 100,000 millones de pesos para la compra consolidada de medicamentos que ejecutaría la UNOPS –quien cobraría por sus servicios alrededor de 110 millones de dólares.
A finales de julio pasado, la UNOPS y el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) –el representante del gobierno mexicano en el vínculo con la UNOPS– informaron que el organismo internacional solo había podido adjudicar 50.8% de las claves de medicamentos y 55% de las de material de curación planteadas en la compra consolidada del 2020.
(Con información de El Economista)
