Impugna Ejecutivo resolución del PJ contra libros de texto

Lamenta Consejería Jurídica atentado judicial contra derechos constitucionales como la educación y el interés de los menores

Ciudad de México. Ante la posibilidad de generar un daño irreversible a la formación educativa de los miles de estudiantes de Chihuahua, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal impugnó la resolución del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar que ordenó suspender la distribución de los libros de texto gratuitos en esa entidad.

Por ello, demandó al pleno de la SJCN revertir la decisión e instruir la distribución de estos materiales.

Tras calificar de un “atropello” la decisión Aguilar de otorgarle al gobierno de Chihuahua la entidad la medida cautelar que detuvo su reparto por tiempo indefinido, la CJEF. Sostuvo que “resulta lamentable que un ministro del máximo tribunal de justicia en México actúe flagrantemente en contra de los derechos fundamentales que consagra nuestra Constitución, como son la educación y el interés superior de los menores.

Para la CJEF impedir que los estudiantes cuenten con los instrumentos educativos necesarios para su formación académica hasta que, en uno o dos años, la SCJN dicte la sentencia respectiva, lo que puede ocasionar un retraso en el proceso de aprendizaje de los menores que no se repararía en modo alguno.

En su escrito, advierte que el gobierno de Chihuahua, tiene obligación legal de distribuir materiales que ya le fueron entregados por la SEP; es improcedente la resolución del ministro de suspender su distribución.

Subraya que Es responsabilidad de la autoridad estatal realizar una distribución oportuna, completa, amplia y eficiente de los libros de texto gratuitos y materiales educativos complementarios que la Secretaría de Educación Pública le proporcione.

En consideración del Poder Ejecutivo, “el ministro Aguilar Morales debió negar la medida cautelar porque el propio gobierno de Chihuahua confiesa que los libros de texto ya están en posesión de las autoridades educativas de la entidad y, por tanto, debe distribuirlos”.

(Con información de La Jornada)

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