EU nombra entidades terroristas a cárteles mexicanos

Aunque México la rechaza, la ley ya fue aprobada el jueves por la Cámara de Representantes de EU y solo falta el aval del Senado

El presidente de Estados Unidos vetaría el proyecto de ley H.R.2, también conocido como ley de seguridad fronteriza de 2023, aprobado la madrugada del jueves por el sector republicano en la Cámara de Representantes, antes de la finalización del Título 42, que busca frenar la migración irregular, reforzar la seguridad fronteriza con México y designar a los cárteles como “organizaciones terroristas extranjeras”.

El proyecto prohíbe que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) procese la entrada de migrantes que lleguen a los puertos de entrada de la frontera de Estados Unidos. Además, autoriza que las autoridades puedan deportar al indocumentado a un país que no sea el de su nacionalidad o a la última residencia legal del ciudadano.

También amplía los delitos por los cuales no pueden ser elegibles para el asilo político y pone como ejemplo que tengan una condena por conducir en estado de ebriedad y causaron lesiones corporales graves o la muerte de otra persona.

Esta iniciativa cortaría casi todo el acceso a las protecciones humanitarias a los indocumentados y hasta prohibiría el uso de la aplicación móvil CBP One, que permite a inmigrantes de Cuba, Nicaragua, Haití y Venezuela solicitar protección temporal y obtener una cita con autoridades tras cumplir con estrictos requisitos.

Intervención militar en México

Además, plantea los criterios para designar a un cártel de las drogas mexicano “como organización terrorista extranjera”, y pone de ejemplos al de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, Juárez y del Golfo, entre otros, lo que daría paso a una intervención militar estadunidense en suelo mexicano.

La iniciativa se aprobó anteayer en la Cámara de Representantes con 219 por 213 votos, con ningún demócrata a favor y un republicano en contra.

La medida pasará al Senado, pero no tendrá muchas esperanzas debido a que allí existe una mayoría demócrata.

Joe Biden anunció durante esta semana que vetará la propuesta de ley si es que llega a su escritorio, porque, a su parecer, no aborda las causas de la migración y reduce las protecciones migratorias.

El impulsor de la iniciativa, el representante republicano Mario Díaz-Balart, sostuvo que la administración de Biden ha cedido el control a los narcoterroristas, que ahora “controlan” la frontera sur de Estados Unidos, donde millones de migrantes buscan ingresar al país y se exponen a secuestros y extorsiones por parte de grupos del crimen organizado.

El representante republicano Barry Moore, de Alabama, advirtió que esa frontera es peligrosa tanto para los estadunidenses, “cuyas comunidades están llenas de drogas y crimen”, como para los migrantes que buscan cruzar de forma irregular y que, según él, pueden convertirse en esclavos o mulas.

México considera inacetable ley racista

Por su parte, el gobierno de México calificó de “inaceptable” el contenido de la ley de seguridad fronteriza de 2023, aprobada el jueves por la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que establece medidas antimigratorias y denomina como organizaciones terroristas a los cárteles mexicanos.

Si bien es necesario que esa ley aún sea analizado en el Senado estadunidense, el canciller Marcelo Ebrard dejó clara en la mañanera de ayer la postura de la administración de Andrés Manuel López Obrador:

“México nunca lo aceptaría, se provocaría una crisis entre los dos socios principales. Estados Unidos es el principal mercado del mundo y México es el principal socio de Estados Unidos. Sería como si nos pusiéramos a dar un tiro en el pie entre los dos”.

El funcionario aseveró que hay “una estrategia política” de los sectores “ultras” del Partido Republicano contra nuestro país, basada en argumentos “racistas”, con el único objetivo de “sacar raja” con miras al proceso electoral del próximo año en esa nación.

“Esto está organizado porque el año que entra hay elecciones”, de ahí que fue avalada el mismo día que se puso fin al Título 42.

La ley –aprobada por 219 de los 435 miembros de la Cámara de Representantes– ordena que se termine la construcción del muro fronterizo que se impulsó durante la administración de Donald Trump; apunta, sin acuerdo de por medio, que México se convierta en una especie de tercer país seguro; es decir, que “se le regresen todas las personas que lleguen a Estados Unidos por la frontera sur sin ningún límite”; permitiría la detención de niños migrantes y la deportación a sus países de origen; designa a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras, entre otras medidas.

Este último punto, destacó el canciller, se da porque desde estos sectores “radicales” se insiste en que el problema relacionado con la venta y el consumo de fentanilo es responsabilidad exclusiva de esas organizaciones, cuando en realidad no pueden frenarlo internamente.

“Por tanto, la lógica es: ‘autorícese, desígneseles como organizaciones terroristas para que podamos actuar de manera directa en un momento dado’”.

Remarcó que debido a que en el Senado estadunidense hay una mayoría del Partido Demócrata que se opone a ese tipo de medidas, será “muy difícil” que esta ley sea aprobada.

Ante las acusaciones desde aquel lado de la frontera que apuntan a que los indocumentados son los traficantes de fentanilo, Ebrard aportó un dato: el número de migrantes aprehendidos en la franja fronteriza con esa droga es de apenas 0.002 por ciento, mientras 86 por ciento de los detenidos que intentan pasar con esa sustancia por el muro son ciudadanos de Estados Unidos. “Es falso, los migrantes no llevan fentanilo ni lo consumen”.

(Con información de La Jornada)

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