Crece criminalización contra los defensores del territorio
También se intensificó la discriminación contra las comunidades de pueblos originarios opositoras a proyectos de gobierno
San Cristóbal de las Casas, Chiapas. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), afirmó que, a un año del asesinato del defensor y comunicador Samir Flores Soberanes, en Amilcingo, Morelos, “se incrementó el riesgo a la vida, seguridad e integridad de las defensoras y defensores del territorio, en México”.
En un comunicado, agregó que “también se intensificó la criminalización en contra de comunidades de pueblos originarios opositoras a proyectos de gobierno, en específico de quienes conforman el Congreso Nacional Indígena” (CNI), al que pertenecía Samir.
Dijo que “la cultura y la vida de los pueblos son amenazadas por la imposición de modelos de ‘desarrollo’, que confrontan las formas de vida comunitarias”.
Manifestó que “desde las instancias de gobierno se simula el respeto a los derechos colectivos, pero testimonios evidencian el mismo método de control para ajustar que los sistemas tradicionales avalen decisiones tomadas previamente”.
El organismo que preside el obispo de Saltillo, Coahuila, Raúl Vera López, señaló que en esta entidad “las resistencias mayas y zoques organizadas desde la autonomía, develan que proyectos y programas de gobierno tienen como objetivo fortalecer la apropiación de territorios para promover intereses económicos de los grupos en el poder, locales, estatales o nacionales”.
Un ejemplo es, añadió, “el programa Sembrando Vida, cuya promesa de apoyo monetario fecunda los conflictos sociales de disputa por la tierra, provoca devastación ambiental y contribuye a intensificar la violencia hacia las mujeres, tal y como lo expresó el Movimiento de Mujeres en Defensa de la Tierra y el Territorio en noviembre del año pasado”.
Afirmó que “la reactivación del proyecto de carretera San Cristóbal-Palenque, actualmente ampliada a Pijijiapan, es otra muestra de la violación a los derechos colectivos a la libre autodeterminación, la autonomía y al territorio de los pueblos originarios, en el sureste mexicano”.
Abundó: “Desde los gobiernos federal y estatal se concibe a la madre tierra como un bien al uso y servicio, por encima de la cosmovisión de cuidado de la casa común”.
El Frayba aseguró que “son los pueblos originarios que caminan la autonomía los que protegen el legado de vida, quienes desde acciones cotidianas y comunitarias resguardan los sitios sagrados como son los manantiales, las montañas, los bosques, la flora y la fauna. Por eso los criminalizan y asesinan, pero insisten en tejer resistencias”.
Luego de agradecer al CNI “por ser guardianas y guardianes de la madre tierra”, exigió al Estado mexicano “respetar los derechos a la autonomía, la libre autodeterminación y al territorio de comunidades de pueblos originarios que integran el CNI, así como cesar la criminalización, amenazas, hostigamiento y agresiones a las cuidadoras y cuidadores de la madre tierra”.
Expresó que “desde San Cristóbal de Las Casas, acompañaremos la Jornada en Defensa del Territorio y la Madre Tierra. Samir Somos Todas y Todos, que se realizará los días, 20, 21 y 22 de febrero, en 20 estados de México y en al menos siete países más: Bélgica, Estados Unidos, Brasil, Guatemala, Canadá, Grecia y Dinamarca”.
(Con información de La Jornada)
