Acusan de lavado de dinero a Roberto ‘N’ tras ser extraditado
Nezahualcóyotl. El Ministerio Público de la Federación solicitó la vinculación a proceso al juez de control federal del ex gobernador de Quintana Roo, Roberto “N” por el delito Federal de operaciones con recursos de procedencia ilícita, en su modalidad de ocultar o pretender ocultar bienes de territorio mexicano con conocimiento que estos proceden de una actividad ilícita.
Durante la audiencia inicial que se realiza en el Centro de Justicia Penal Federal con residencia en Nezahualcóyotl, la autoridad ministerial señaló que estas actividades ilícitas se realizaban desde abril de 2011 a septiembre de 2016, período en el que fue gobernador de la entidad.
El juez de control, José Artemio Zúñiga, decretó un receso ya que al inicio de la audiencia la defensa legal le dijo que Roberto «N» padece un daño renal, por lo cual, cuando lo necesite, requerirá acudir al sanitario.
Durante la formulación de acusaciones, los fiscales argumentaron que Roberto «N” actuó en coautora con familiares y círculo cercano para nombrar Claudia Romanillos Villanueva, directora del Instituto del Patrimonio Inmobiliario a fin de adquirir 22 predios localizados en Tulum, Benito Juárez, Islas Mujeres entre otros a través de testaferros y empresas fachadas.
Estos predios, de acuerdo a las autoridades, primero fueron adquiridos y después vendidos en 238 millones 790 mil 121.98, cuando su valor real era de mil 138 millones 889 mil 540.15. Es decir hubo un quebranto de 900 millones 99 mil 418.17 pesos.
Sin embargo sólo comprobaron que de los 22 predios, tres transacciones pretendieron ocultar por las empresas fachada. Las 19 restantes fueron aseguradas.
Estos fueron adquiridos y después vendidos también a un costo de 17 millones 357 mil 455.88 cuando el valor real era de 129 millones 235 mil 235, es decir una diferencia de 111 millones 877 mil 759 pesos de quebranto.
Las acusaciones en contra del ex mandatario las realizaron Roxana Lilí Campos Miranda, consejera jurídica del ejecutivo del estado de Quintana Roo; Carlos Flores Hidalgo, director General del Instituto del Patrimonio de la entidad y Ángel Vargas Mitre, director de procesos legales de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda.
La defensa del ex gobernador pidió que se reserven sus datos personales por lo que sólo se le puede llamar Roberto “N”.
(Con información de La Jornada)
