Salvadoreños recibirán 2023 con garantías restringidas

La novena prórroga de la medida ocurrió en el miércoles a solicitud del gabinete de seguridad para combatir a las llamadas maras o pandillas

San Salvador. El Salvador recibirá el año 2023 bajo el régimen de excepción prorrogado por la Asamblea Legislativa para enfrentar a las pandillas, destacan hoy medios de prensa.

La novena prórroga de la medida que caduca el 18 de diciembre ocurrió en la noche de este miércoles a solicitud del gabinete de seguridad del presidente Nayib Bukele en momentos en que está en ejecución la V fase (Extracción) del plan general de seguridad para combatir a las llamadas maras o pandillas, según reseña el diario La Prensa Gráfica.

La extensión fue aprobada por 67 votos a favor, nueve abstenciones y seis parlamentarios en contra, en un escenario donde el gobierno tiene mayoría de butacas y no necesita de otras agrupaciones para avanzar sus políticas.

El régimen decretado por primera vez el 27 de marzo de este año se extenderá el tiempo que sea necesario para el combate a la violencia de las maras, según reiteran voceros oficiales.

Christian Guevara, jefe de fracción Nuevas Ideas, citado por el Diario El Salvador, destacó que esta iniciativa, según sondeos, recibe el respaldo de nueve de cada 10 salvadoreños, pues, subrayó, trajo tranquilidad a sus comunidades.

La provisión aunque recibe duras críticas de opositores y organizaciones radicadas en el exterior tiene un apoyo mayoritario de la población, según una reciente encuesta divulgada por el Diario La Prensa Gráfica.

El régimen suspende los derechos constitucionales referidos al plazo máximo de la detención administrativa, el derecho de defensa y ser informado de las razones de la detención y la inviolabilidad de la correspondencia y telecomunicaciones, precisó el diario El Mundo.

La víspera el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, reiteró que la ley será ampliada las veces que sea necesario desconociendo señalamientos de que permite la violación de derechos fundamentales y que es inconstitucional.

Bajo el estado de excepción las autoridades llevaron a prisión a cerca de 61 mil presuntos pandilleros y colaboradores, de los cuales dos mil 100 fueron puestos en libertad por falta de pruebas, según Raquel Caballero, Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos.

(Con información de Prensa Latina)

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