La verdad tras el montaje de violencia televisada en Ecuador

La guerra contra el narcotráfico ha sido generalmente un montaje de EU para lavar dinero y financiar operaciones encubiertas

Quito. Ecuador sufre una crisis de seguridad incuestionable que comenzó mucho antes de los sucesos recientes, sin embargo, la escalada de violencia de los últimos días marcó un punto de inflexión y muchos se cuestionan qué hay detrás.

Aunque desde hacía años la violencia iba en aumento, al punto de cerrar 2023 como el país más inseguro de América Latina, el punto de giro fue el ataque al canal TC Televisión el pasado martes 9 de enero.

Se vio en vivo y en señal abierta cómo los delincuentes irrumpieron en la sede del medio de comunicación y tomaron como rehenes a los trabajadores, a quienes amenazaron con armas de fuego y explosivos.

En redes sociales usuarios cuestionan la veracidad del ataque, pues los bandidos en ningún momento emitieron un mensaje y, aunque se escucharon muchos tiros y enfrentamiento con las fuerzas del orden, no hubo víctimas fatales.

El periodista David Medina, en la cuenta de Instagram Cafecito con Noticias, tituló su comentario «¿Violencia o show en Ecuador?» y explica las que en su opinión son las posibles razones detrás del presunto montaje.

«El nuevo presidente de Ecuador, Noboa, lo sabía, su cúpula militar también, pero no importa, pues la ausencia de sentido común permite el triunfo de estas narrativas absurdas», escribió Medina.

Recordó que la guerra contra el narcotráfico siempre fue un montaje de Estados Unidos con el fin de lavar dinero y financiar operaciones encubiertas, que una vez descubiertas se olvidan con mayor facilidad por la tormenta desatada en las redes.

Para Jorge Paladines, profesor de la Universidad Central del Ecuador, la violencia sistemática que vive esta nación sudamericana es producto de un proceso de desestructuración deliberada del Estado de Derecho a causa de políticas neoliberales implementadas en los últimos gobiernos.

El rol de Estados Unidos

La crisis de seguridad que atraviesa Ecuador podría constituir una oportunidad para que Estados Unidos profundice su presencia militar en el país andino.

Si bien 38 naciones ofrecieron ayuda al Ejecutivo ecuatoriano para enfrentar el crimen organizado, Washington fue uno de los primeros en manifestar su apoyo explícito a la declaración de «conflicto armado interno» de Noboa.

Aunque desde el Departamento de Estado norteamericano descartaron el envío de tropas a estas tierras sudamericanas, se espera en los próximos días el arribo de la jefa del Comando Sur, la general Laura Richardson y a altos cargos antinarcóticos y diplomáticos.

El gobierno del presidente Joe Biden trabajará con Ecuador para estrechar su cooperación “en materia de aplicación de la ley a través de programas de asistencia en seguridad”, informó el portavoz del Departamento de Estado Matthew Miller.

Ecuador es actualmente el Estado de la región que recibe más asistencia militar estadounidense, según un estudio del Centro Latinoamericano de Geopolítica (Celag).

Esa investigación, que cita cifras oficiales del gobierno norteño, señala que entre 2021 y 2022, es decir durante el gobierno de Guillermo Lasso, Ecuador recibió asistencia militar estadounidense por 172 millones de dólares.

A eso se suma que en octubre, a dos semanas de las elecciones presidenciales que dieron el triunfo a Daniel Noboa, Lasso firmó un acuerdo de cooperación en materia de defensa con la administración de Joe Biden del cual no se conocen muchos detalles.

No obstante, se sabe que el convenio otorga privilegios, inmunidad y garantías al personal militar estadounidense y personal civil del Departamento de Defensa y contratistas, al tiempo que garantiza el libre desplazamiento en territorio ecuatoriano de aeronaves, buques y vehículos norteamericanos.

La gravedad de la situación en Ecuador lleva a que la declaración de conflicto armado interno y el uso de las Fuerzas Armadas para combatir el terrorismo tenga apoyo de todas las fuerzas políticas y de la mayoría de la población, con lo cual hay poco espacio para la crítica en ese sentido, aún ante el peligro de eventuales violaciones de los derechos humanos.

Se cargará el costo de la guerra a los pobres

El mandatario ecuatoriano afirmó en una entrevista a una radio local que deberían tomar medidas económicas duras y estar alineados con la Asamblea Nacional “porque una guerra cuesta y cuesta dinero”.

En busca de recursos envió un proyecto de ley económico urgente a la Asamblea Nacional (Parlamento) en el que estipula el incremento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 12 al 15 por ciento, una medida que expertos catalogan como neoliberal y de impacto para sectores vulnerables.

En el parlamento, la iniciativa de Noboa tampoco tuvo buena aceptación, pues bancadas como la Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano anunciaron que votarán en contra.

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) rechazó la propuesta de aumentar el IVA porque “pretende profundizar la desigualdad y la injusticia fiscal”.

Para la Conaie el Gobierno pretende compensar el aumento del déficit fiscal con un incremento tributario que afectará directamente al bolsillo de las familias trabajadoras, las cuales deberán pagar más por los productos y servicios que consumen.

El movimiento indígena, al igual que otros grupos políticos y sindicales, planteó alternativas como cobrar deudas de grandes grupos económicos, combatir la evasión fiscal, aumentar al cinco por ciento el Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) y a la importación de bienes de lujo.

El analista David Villamar se refirió al riesgo de que aprovechen la «unidad» política y popular demostrada a favor de la declaratoria de conflicto armado interno y la actuación de los militares para más precarización laboral, más neoliberalismo «o nos entuquen un ‘Plan Colombia’ de último minuto».

Hoy por hoy, no hay opción. Para que podamos pelear por un proyecto de país, primero hay que volver a tener país, sentenció Villamar.

Ecuador concluyó el año 2023 como el país más violento de América Latina, con más de siete mil 800 asesinatos, una cifra sin precedentes y que contrasta con la disminución de los crímenes hasta 2017.

La cantidad de homicidios cada vez mayor es resultado de cómo desde ese momento se descuidó el tejido social y quedó abierta la brecha a los grupos criminales, que actualmente ocupan espacios donde el Estado no llega.

(Con información de Prensa Latina)