La batalla por la soberanía portuaria en Uruguay
El Poder Ejecutivo concedió a la empresa belga la exclusiva de la terminal de contenedores durante 60 años, desde febrero pasado
Montevideo, Uruguay. El Frente Amplio de Uruguay libró en la semana una batalla por la soberanía nacional portuaria que colateralmente transparentó hoy fisuras en la coalición electoral de partidos en el gobierno.
Más de 19 horas de ríspidos debates duró la interpelación senatorial convocada por la bancada opositora al exministro de Transporte y actual titular del Interior, Luis Alberto Heber, principal negociador de un acuerdo de monopolio en favor de la multinacional Kaoten Natie (KN).
En febrero pasado, el Poder Ejecutivo concedió a la empresa belga la exclusiva de la terminal de contenedores durante 60 años, es decir hasta 2081.
La fuerza política de izquierda interpretó que KN consiguió todo lo que pidió ‘solo por amenazar con un juicio con muy débiles argumentos’, por un litigio anterior que en 2008 el Tribunal de lo Contencioso Administrativo lo falló a favor del Estado.
El FA exigió que el gobierno declare nulo el acuerdo y vuelva a negociar ‘desde una posición más digna’, que no signifique entregar la llave del Puerto de Montevideo, en monopolio sin regulación que compromete a 12 administraciones ejecutivas por delante.
Luego de escuchar las argumentaciones de Heber, fundamentadas en rehuir otro juicio y traer inversiones comprometidas por KN, el miembro interpelante por el Frente Amplio, Alejandro Sánchez, denunció que el ministro no respondió ‘ninguna de las 27 interrogantes que se hizo, por medios de informes técnicos’.
Sánchez calificó el acuerdo de ‘inmoral, inconstitucional, inconveniente y falto de transparencia y nunca estuvo en el Parlamento’ a diferencia de lo que dijo el presidente de la República, Luis Lacalle Pou.
El debate cerró con una declaración de los oficialistas partido Nacional, Colorado y Cabildo Abierto en la que consideraron ‘satisfactorio’ el desempeño de Heber.
Pero Alfredo Domenech, senador integrante de la formación cabildante liderada por Guido Manini, se mostró ‘sorprendido’ por el contrato firmado que ‘no conocía’, pese a tener un representante en la Administración Nacional de Puertos y por eso, planteó varias objeciones.
Al menos, propuso revisar ese pacto, establecer que solo competa al Estado aprobar nuevos accionistas y conformar una comisión legislativa para que se encargue de estudiar en profundidad las observaciones expuestas.
Por su parte, el Partido Colorado jugó a favor de la estrategia del Partido Nacional, y acudió a la sesión con el proyecto de creación de una Unidad Reguladora de Asesoramiento a la Administración Nacional de Puertos (ANP), para que pueda tener control pleno del valor de las tarifas, que ingresará en próximos días a comisión parlamentaria.
El senador frenteamplista Mario Bergara aclaró que ese eventual organismo solo tendrá un papel asesor sin más atribuciones y anunció que la fuerza política de pertenencia analizará llevar el contrato ante la justicia.
(Con información de Prensa Latina)
