Disputan por propuesta constitucional en Chile

La idea de que los indígenas tengan escaños, la paridad de género y que las candidaturas independientes enlistadas, ahonda diferencias

Santiago. La derecha pinochetista, empeñada en ver fracasar la probable convención constituyente del próximo año con su rechazo explícito a que los pueblos indígenas tengan escaños garantizados, que la paridad de género prevalezca y que las candidaturas de independientes puedan constituirse en listas competitivas, sigue ahondando la división en la coalición Chile Vamos, que sostiene al gobierno de Sebastián Piñera.

El acto de promulgación de la ley que convocará a un plebiscito el próximo 26 de abril, –para que los chilenos decidan si quieren o no una nueva constitución y cómo elaborarla–, celebrado este lunes en el Palacio de La Moneda y con la presencia del presidente, fue el marco donde se reiteraron las potentes disputas.

Jacqueline Van Rysselberghe, senadora y presidenta de la pinochetista Unión Demócrata Independientes (UDI), asistió a la ceremonia, pero evitó saludar y hablar con sus pares Hernán Larraín (Evolución Política -Evópoli-) y Mario Desbordes (Renovación Nacional), lo mismo que con el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, un gesto de desaire escenificado ex profeso y evidente para la concurrencia.

Tanto así, que otro senador derechista, Andrés Allamand, no evitó comentar que «si uno le suma a un gobierno débil una coalición dividida, entonces el panorama de la centroderecha es malo».

Pero Van Rysselberghe, lejos de retroceder, puso más leña al fuego al declarar que si bien la UDI seguirá en Chile Vamos, «lo que no queremos es tener que llevar un notario a cada reunión de nuestro sector para que después se cumpla la palabra empeñada”.

En declaraciones a una radio, la legisladora tildó a su par Desbordes de «machista y misógino», porque él comentó que la senadora apetece darse gustitos personales en política.

La UDI, el partido creado expresamente para impedir revocar la constitución de 1980 del dictador Pinochet, no se resigna al proceso que avanza y tampoco perdona el apoyo de 12 parlamentarios de Evópoli y de RN a las normas de representatividad aprobadas en la Cámara de Diputados el jueves de la semana pasada, acusando que eso transgrede lo cedido en el «Acuerdo por la paz social y una nueva constitución», suscrito por oficialismo y oposición el 15 de noviembre bajo la amenaza de asonada militar.

De inmediato, la UDI suspendió su relación con Chile Vamos y comunicó que evaluaría si permanecer o no, porque «no estamos dispuestos a estar con socios que no son capaces de cumplir con la palabra empeñada”.

Tampoco Desbordes, el presidente de RN y quien favorece el proceso constitucional, se guardó palabras: “RN ha cumplido todos los acuerdos. La UDI ha generado una crisis completamente artificial que tiene más que ver con los problemas que va teniendo por su ala derecha y eso lo lamento. Espero que retorne la cordura, es el peor momento de tensionar».

La UDI se juega sus cartas con la esperanza de que esta semana en el Senado fracasen las iniciativas que garantizan representatividad; y si no fuera así, parlamentarios derechistas ya han advertido que están listos para concurrir al Tribunal Constitucional, con la esperanza de que ese reducto del autoritarismo que actúa como cámara de veto, colapse la iniciativa, un escenario que sería catastrófico.

Los proyectos en disputa, respecto a la participación de independientes, permiten que dos o más candidatos puedan acordar un pacto electoral para sumar votos. En paridad de género se permitiría representación igualitaria entre hombres y mujeres. Y sobre cupos para indígenas, de un total de 155 se fijan 18 escaños en caso de convención constitucional y 21 en caso de convención mixta para aimaras, atacameños, coyas, diaguitas, mapuche, quechuas, rapa nui, kawashkar y yagán.

Informe del INDH

El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) entregó hoy su informe anual centrado en la represión de la movilización ciudadana, afirmando tener «la convicción de que se han violado gravemente los derechos a la vida y la integridad física y psíquica, entre otros derechos», recalcando preocupación por «las denuncias por uso indiscriminado de perdigones, torturas con connotación sexual y las lesiones oculares».

Acusa al Estado de «haber faltado gravemente a su deber de proteger una serie de derechos humanos como el derecho a la vida, integridad personal, propiedad privada, libertad religiosa, libertad de circulación y otros que describe este Informe, al no haber podido garantizar el orden público y la seguridad ciudadana»; evaluando que el estallido responde a «décadas de falta de respuesta de nuestro sistema político a las demandas principalmente sociales».

En cuanto a las víctimas, dice que al 30 de noviembre hubo 347 personas con heridas oculares, como estallidos del globo ocular y pérdidas de visión.

Respecto de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, detalló que hay 476 querellas a favor de 568 víctimas. De ese total, 433 fueron por hechos ocasionados por Carabineros, 33 por militares y 10 por la Policía de Investigaciones. Comparativamente, en los nueve años de existencia del INDH hubo 174 causas contra Carabineros, previo al 18 de octubre.

También hay 96 querellas por violencia sexual, con 71 víctimas mujeres y 64 varones.

Respecto del actuar de Carabineros, dice que la falta de control sobre los métodos y medios utilizados obedece a «una indebida autonomía exhibida desde el inicio de la democracia, por parte de dicha institución respecto de la autoridad civil, cuestión que también quedó en evidencia en los recientes escándalos por casos de corrupción de gran magnitud, por lo que se hace imperativo un abordaje integral a dicho problema, con medidas consistentes con la gravedad y profundidad de las irregularidades detectadas».

(Con información de La Jornada)