Decreto sobre nuevo Código Penal alerta a los haitianos

Artículos vinculados a la orientación sexual, interrupción del embarazo, mayoría sexual, incesto y amnistía, entre otros, generan resquemor

Puerto Príncipe. El gobierno de Haití aprobó por decreto un nuevo código penal que debe entrar en vigor en 2022, mientras aún sucumbe a su más reciente crisis sociopolítica, y protestas gremiales y políticas amenazan la precaria estabilidad.

El texto no es nuevo, desde 2017 dormía engavetado en el Parlamento y su redacción llevó varios años a las comisiones designadas, que aseguran consultaron con diversos sectores judiciales y religiosos del país, además de integrantes de la sociedad civil.

Sin embargo, su publicación en plena crisis de la Covid-19 y sin el respaldo del poder legislativo, que desde enero cesó sus funciones al agotarse el mandato de los parlamentarios, levantó nuevos recelos contra el presidente Jovenel Moïse, quien perdió popularidad en los últimos dos años.

Con cerca del millar de artículos, este código penal deroga al anterior, promulgado en 1835, y que sufrió varias modificaciones como la abolición de la pena de muerte, despenalización del adulterio, las relativas a la vagancia, y cambios en el régimen de agresión sexual y secuestro, entre otros.

Además, permite que las multas y sus sanciones se determinen por ley o por decretos presidenciales, a instancias del ministro en cuestión y ofrece una base legal a los principios que rigen el derecho penal haitiano.

Y establece que este es aplicable a cualquier persona en el territorio nacional que haya cometido un delito de genocidio o de lesa humanidad, independientemente del lugar de los hechos.

Asimismo, responsabiliza a las personas jurídicas e introduce una variedad de sentencias alternativas al encarcelamiento, ausentes en la actual legislación.

Para la Asociación Profesional de Magistrados, es positiva la introducción de castigos penales a comportamientos asociados a las nuevas tecnologías, delitos de cuello blanco y tráfico ilegal de drogas.

En su informe también celebran el conjunto de leyes relacionadas con la discriminación, violencia contra la mujer, corrupción y financiación del terrorismo, así como la despenalización de la vagancia y la mendicidad.

Código, religión y política

Aunque el nuevo código penal no entrará en vigor hasta junio de 2022, y durante ese periodo puede ser derogado por el Parlamento, una vez entre en funciones, varios artículos generan una amplia polémica, en especial los vinculados a la orientación sexual, interrupción del embarazo, mayoría sexual, incesto y amnistía, entre otros.

El pasado 26 de julio, sectores religiosos organizaron una marcha que reunió a miles de fieles en la capital y otras urbes contra el nuevo código al que acusan de fomentar la amoralidad.

Bajo cánticos de ‘Viva la familia’ y ‘No a la inmoralidad’, los protestantes recorrieron las arterias escoltados por carrozas musicales. Una de ellas llevaba estampada: La Iglesia dice no a la inmoralidad, homosexualidad, cambio de sexo, y relaciones sexuales tempranas.

‘Si un pastor no quiere casar a dos hombres o dos mujeres, será arrestado y correrá el riesgo de uno a tres años de prisión’, aseguró a la prensa el eclesiástico Wismond Jeune, aunque, según los expertos, la legislación no contempla el matrimonio entre personas del mismo sexo, sino que impone penas a la discriminación basada en la orientación sexual.

También criticaron, junto a otros sectores de la sociedad, la despenalización parcial del aborto, bajo fundamentos religiosos y la supuesta disminución de la edad de madurez sexual.

No obstante, exmiembros de la comisión presidencial que conformaron el cuerpo de texto, defendieron que la despenalización del aborto no solo está vinculada a concepciones religiosas, morales o tradicionales, sino actualmente constituye un problema de salud pública por el número de personas que acuden a la práctica con consecuencias extremadamente dañinas.

En la legislación vigente, el aborto es punible para la mujer y quien lo practique bajo cualquier condición, y es castigado con altas penas de prisión.

La nueva ley estipula que la interrupción del embarazo es castigada si se realiza sin el consentimiento libre e informado de la mujer embarazada, más allá del período de las 12 semanas, o sin tener en cuenta los requisitos de la ciencia médica.

Aclaran que el cuerpo de leyes no autoriza la homosexualidad, sino que prevé un empeoramiento de las sanciones cuando el delito se comete contra este grupo u otros como menores de edad, personas con vulnerabilidad particular, profesionales de la salud en ejercicio, testigos y otros. Otro punto ampliamente cuestionado es la posibilidad de amnistía dada al jefe de Estado de turno. Según el expresidente de la Asamblea Nacional (Parlamento), Youri Latortue, el código pretende exculpar a los responsables del despilfarro a los fondos públicos, que costó la pérdida de miles de millones de dólares a las arcas estatales.

El exlegislador señaló que la nueva disposición solo exime del derecho a la amnistía, los casos de genocidio, crímenes de lesa humanidad o de guerra, dejando libre el camino al mandatario para perdonar por asuntos políticos y delitos financieros.

Para el comité, esta es una interpretación ‘errónea’ de las disposiciones de amnistía y perdón. El nuevo instrumento reproduce ‘casi palabra por palabra’ las disposiciones vigentes sobre amnistía y perdón presidencial, de la ley de 1860, enmendada en 1906 y 1994, aseguraron.

No obstante, el código penal dio un nuevo impulso a sectores de la oposición que desde finales de 2019 no se reorganizaban, tras las masivas protestas antigubernamentales y la operación Peyi Lok (país bloqueado), que cercó a la capital.

A finales de julio, unos 50 actores políticos y de la sociedad civil firmaron una Declaración de Compromiso, y reiteraron la urgencia de un periodo de transición que permita sentar las bases de la nueva sociedad, aseveraron.

Mientras Moïse jura mantenerse en su puesto hasta 2022, contrarios vuelven a la agenda mediática con propuestas como movilización general, archivo de malversación de fondos públicos y modificación de la Constitución.

De hecho, el pasado 28 de julio, a propósito del aniversario 105 de la intervención norteamericana en Haití, salieron a las calles para criticar la injerencia de Washington en la nación caribeña e insistir en el cambio de poder.

Mientras tanto Moïse sigue perdiendo aliados, y la nueva crisis sanitaria, depreciación incontrolable de la moneda nacional, pérdida de empleos, carestía de vida, inseguridad y otros problemas, pueden constituir un caldo de cultivo perfecto para una nueva implosión social.

(Con información de Prensa Latina)