Crisis de filial de First Quantum en medio de ilegalidades
La minera negocia concesión declarada inconstitucional desde 2017 mientra amaga con detener procesamiento del cobre
Ciudad de Panamá. La empresa Minera Panamá anunció que el próximo 23 de febrero podría detener el procesamiento de cobre a falta de capacidad de almacenamiento.
De acuerdo con un comunicado de la filial de la trasnacional canadiense First Quantum, en medio de negociaciones con el Gobierno por la firma de un contrato de concesión, la medida responde a la suspensión de operaciones de carga en el puerto internacional Punta Rincón, de la oriental provincia de Colón.
En el mensaje, la gerente general de la minera, Alan Delaney, aseveró que se hacen esfuerzos adicionales para buscar espacio para el mineral, al borde de alcanzar el punto crítico de máxima capacidad de almacenamiento.
El pasado 13 de febrero, Cobre Panamá presentó su último informe a la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), para demostrar que el proceso de certificación de la calibración de las balanzas por parte de una firma acreditada ha sido iniciado, pero aún sin respuesta, indica ese texto.
Para Delaney, esto es crucial porque si el Gobierno otorga el permiso correspondiente, en cuestión de horas podrían retomar los despachos del concentrado y evitar una situaciónperjudicial para la compañía pero también para todo el país.
Seguimos comprometidos en mantener diálogos de buena fe con el Ejecutivo sobre el futuro del proyecto, y estamos haciendo todos los esfuerzos posibles para mitigar y evitar repercusiones negativas en nuestros aliados estratégicos, comentó.
También recordó que la mina instalada en la localidad de Donoso, Colón, aporta aproximadamente el 5,0 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del istmo y representa además el 75 por ciento de la exportación de bienes además de generar unos 40 mil empleos.
Sin embargo, la AMP dijo en su dictamen que la indicación de suspender operaciones portuarias responde al propósito de hacer cumplir los convenios internacionales suscritos por el país centroamericano, cuyo fin es salvaguardar la vida humana en el mar y evitar catástrofes de contaminación en las aguas jurisdiccionales.
Según la AMP, la orden se realiza en virtud de dos hallazgos en 2017 y 2020, cuando la empresa no aportó las evidencias de la calibración de las pesas y balanzas utilizadas para medir la carga a transportar minerales.
El pasado 24 de enero, vecinos del Puerto Internacional Punta Rincón, denunciaron exportaciones ilegales por parte de la empresa.
Pobladores de esa zona colocaron en las redes sociales fotografías de un barco en el muelle cuando recibía la carga, hecho que califican como «un saqueo al patrimonio de todos los panameños».
Al respecto, la ambientalista Raisa Banfield demandó al presidente de la República, Laurentino Cortizo, que intervenga la minera, pues viola la orden dada desde diciembre del pasado año de cese de operaciones comerciales.
De su parte, voceros de organizaciones sociales calificaron de improcedente cualquier negociación que emprenda el Ejecutivo con la minera, cuyo contrato de concesión fue declarado inconstitucional en 2017 por la Corte Suprema de Justicia.
(Con información de Prensa Latina)
