Crece violencia asociada a la “paz” en Colombia
Advierten aumento del desplazamiento forzado en el país, tras la firma del Acuerdo de Paz entre el Estado y la ex guerrilla FARC-EP
Bogotá, Colombia. Varias instituciones colombianas alertaron sobre el aumento de la violencia asociada al conflicto y a las luchas existentes hoy por el control en los territorios.
Así se pronunciaron la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República, la Defensoría del Pueblo y la Mesa Nacional de Participación Efectiva de Víctimas, al apuntar que las Comisiones de Seguimiento y Monitoreo a la Ley 1448 y los Decretos Leyes 4633, 4634 y 4635 de 2011, advirtieron sobre el incremento del desplazamiento forzado en el país, tras la firma del Acuerdo de Paz en noviembre de 2016 entre el Estado y la ex guerrilla FARC-EP.
Solo en 2018 ocurrieron 130 desplazamientos masivos que afectaron a 32 mil 808 personas correspondientes a 10 mil 225 hogares, detallaron.
Para las comisiones, enfatizaron, estos eventos han desbordado la capacidad de las entidades territoriales y nacionales para la atención inmediata, de emergencia y sostenibilidad de los procesos de retornos y reubicaciones, impidiendo acceder a soluciones duraderas que posibiliten la superación de la situación de vulnerabilidad de las víctimas.
En lo que va de 2019, el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo reportó que 15 departamentos y 25 municipios del territorio nacional se encuentran en riesgo de violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario.
En tal sentido, las comisiones de seguimiento recomendaron al Gobierno Nacional la realización de un ejercicio de planeación presupuestal que permita avanzar de manera decidida, y en un tiempo razonable, en el restablecimiento de los derechos de las víctimas.
Advirtieron que son insuficientes las acciones previstas en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2018-2022 para atender esta población de especial protección, acorde con información divulgada en el sitio web de la Defensoría del Pueblo.
Actualmente, apuntaron, el número de víctimas susceptibles de indemnización supera los seis millones, y de estas se han indemnizado 821 mil 836, lo que corresponde a tan solo el 12.6 por ciento.
En el nuevo PND se establece una meta de un millón 427 mil 777 víctimas reparadas administrativamente. Lo que significa que habiendo terminado la vigencia de la ley no se alcanzará a indemnizar ni al 20 por ciento de víctimas que tienen este derecho, precisaron.
Según las cuatro instituciones, el panorama frente a los sujetos colectivos étnicos es aún más preocupante pues el 70 por ciento se encuentran en el primer paso de la ruta y solamente hay 30 casos de planes integrales de reparación colectiva aprobados y en implementación.
Las comisiones de seguimiento evidenciaron fallas de planeación que inciden en la implementación de la política de atención a víctimas, especialmente en lo que tiene que ver con víctimas pertenecientes a pueblos y comunidades étnicas, además de inconsistencias en los reportes de información.
Asimismo, advirtieron que entre 2018 y 2019 los recursos dirigidos a las comunidades étnicas han disminuido, lo que indica un retroceso en las acciones con enfoque diferencial que afecta el seguimiento específico de los recursos.
Sobre la restitución de tierras y derechos territoriales, de la totalidad de solicitudes de restitución (121 mil 462), 64 por ciento han sido negadas por la Unidad de Restitución de Tierras, muchas de ellas argumentando razones que no se ajustan a la ley.
(Con información de Prensa Latina)
