Cancelan recortes en sueldos y pensiones en Irak
“Les quitan el pan de la boca a los pobres, pero el gobierno todavía no ha recuperado el dinero robado desde 2003”, denuncia profesora
La indignación popular obligó al nuevo gobierno iraquí a anular un recorte de pensiones y sueldos, primera medida de un plan de austeridad tendiente a reducir el déficit del estado.
El desafío al que se enfrenta el país, donde 20% de la población vive en situación de pobreza, es tan grande que el primer ministro, Mustafá al Kazimi, explicó en una rueda de prensa que no se trataba de “recortes de sueldo, sino de una falta de liquidez” que debería solucionarse dentro de poco.
Es la primera vez que el gobierno, en vigor desde hace un mes, pasa a la acción y pone en marcha las medidas de austeridad.
“Las arcas están casi vacías, la idea era hacer recortes en todos los sueldos, incluso en los de los ministros y diputados”, explicó a la AFP un alto responsable, que pidió el anonimato.
“Dinero robado”
Pero hasta el Parlamento, la institución más criticada por los ciudadanos, votó en contra.
Al final, Kazimi anunció que únicamente el 27% de los jubilados se vieron afectados por el recorte y que, de todos modos, serán reembolsados dentro de poco.
El contexto en el que se llevó a cabo la medida tampoco es fácil, pues el confinamiento decretado por la pandemia de covid-19 redujo enormemente los ingresos de miles de hogares.
Sin embargo, el déficit sigue y sigue creciendo a un ritmo de 3 mil 900 millones de dólares por mes.
Los sueldos y las pensiones continúan siendo la principal fuente de gastos en la que el gobierno puede meter tijera, al representar casi la totalidad de los 4 mil 500 millones de dólares mensuales que el Estado dedica a su funcionamiento.
Una herencia del clientelismo del poder asentado tras el derrocamiento de Sadam Husein en 2003. En aquel entonces, había menos de un millón de funcionarios, mientras que en la actualidad hay cuatro millones.
Cada año, en uno de los países con más población joven del mundo, 800 mil iraquíes entran en la vida activa.
Otros cuatro millones de ciudadanos dependen de la pensión que les paga el Estado o de una paga de expresidiario.
Con un iraquí de cada cinco recibiendo subsidios públicos, la factura es cada vez más alta, mientras que el Estado vive casi exclusivamente del petróleo, cuyos precios están en caída libre por culpa de la baja demanda.
Pero, al reducir las pensiones, las autoridades despertaron el fantasma de la revuelta popular de octubre, que denunciaba precisamente la corrupción y la carestía de la vida.
“No tienen más que recortarse su sueldo, verán lo que se siente”, denunció Nisrin, que fue profesora durante 30 años.
“Les quitan el pan de la boca a los pobres, pero el gobierno todavía no ha recuperado el dinero robado desde 2003”, que oficialmente es un tercio de los ingresos del petróleo, que acabó en los bolsillos de políticos y empresarios.
El propio Kazimi mencionó el caso de los exrefugiados iraquíes de Rafha, en Arabia Saudita. Exiliados durante el mandato de Sadam Husein, siguen recibiendo compensaciones, tanto ellos como sus familiares. Sumando generaciones, hoy son más de 30 mil los que se benefician de ese subsidio.
La industria y la agricultura, en ruinas
“¿Por qué indemnizar a los que viven desde hace tiempo en Europa y no a los que han vivido el embargo, la dictadura de Sadam y el terrorismo?”, señaló Yaser Safar, un bagdadí de 43 años, actualmente en paro.
Los 100 mil exdetenidos de la era de Sadam reciben, por su parte, unos 1 mil dólares al mes por parte del Estado.
Ante el temor de convertirse en las próximas víctimas de la tijera, ambos grupos se manifestaron esta semana en Bagdad y en el sur del país.
Muchos iraquíes también creen que los políticos cobran demasiado. Un diputado, por ejemplo, gana entre 3 mil 400 y 5 mil 600 dólares al mes, diez veces más que el salario medio. A esto, se suman 840 dólares en concepto de gastos de seguridad.
Con todo, el Estado debe encontrar el equilibrio entre el ahorro, para seguir a flote, y la inversión.
Bajo Sadam Husein, el sector público era una fuente de empleo segura para todos los graduados universitarios, pero la industria y la agricultura -subvencionada por el Estado- también daban trabajo a buena parte de la población.
Hoy, las fábricas, saqueadas o destruidas por las guerras, están paradas, mientras que los campos están en estado de abandono, víctimas colaterales del éxodo rural.
En cuanto a los diplomados universitarios, tienen que recurrir a los sobornos si quieren entrar en la función pública. Lo de trabajar en el sector privado ni se lo plantean, ya que está asfixiado, pues las tasas a la importación apenas se imponen y el sector bancario es todavía muy incipiente.
(Con información de AFP)
