Familias y empresas argentinas precarizados por abusos bancarios
Buenos Aires, Argentina. Casi 21 millones de argentinos, más miles de pequeñas y medianas empresas padecen hoy de un proceso de precarización del endeudamiento en que bancos y prestamistas se aprovechan y cobran enormes tasas de intereses usureras.
El Centro de Economía Política Argentina (CEPA), en su más reciente estudio, resume el problema y sus causas que esta semana mantuvieron en vilo a la sociedad argentina, incluida una masiva marcha y concentración de protesta frente al Ministerio de Economía en la Plaza de Mayo.
Explica que el proceso pasa de una deuda con Costo Financiero Total (CFT) de hasta 180 por ciento anual –que ya es muy alto- y posibilidades de renegociación, a una deuda con CFT de hasta mil 375 por ciento o, peor aún, un adeudo con prestamistas que exigen tasas sin límites y formas de cobro absolutamente informales.
El CFT mide el gasto real y final de un préstamo, financiación o compra en cuotas, reflejando la carga económica completa que genera esa deuda.
La morosidad de familias con bancos –añade el CEPA- estuvo motorizada por el financiamiento al consumo mediante préstamos personales y tarjetas de crédito, instrumentos críticos que concentraron 73 por ciento del saldo irregular total a mayo 2026 (último dato disponible).
Ahora, la morosidad de familias con billeteras virtuales saltó de 7,3 por ciento en noviembre de 2024 a 30,1 en junio de 2026. Este récord perforó el techo de la pandemia (27,1% en mayo 2020).
Y la mora histórica de las familias con los bancos alcanzó los niveles más elevados desde la crisis de 2001 (pico de 32,7% en septiembre 2003). Esta irregularidad en la totalidad del sistema financiero (contemplando tanto bancos como billeteras virtuales) estaría en torno a 15,5 por ciento en junio de 2026.
El monto de deudores tanto con bancos como con billeteras virtuales alcanzó 20,97 millones (deudores morosos sumaron 5,91 millones). Los morosos con billeteras virtuales asciende a 2,90 millones (más de la mitad del total).
Por su parte, los deudores solamente con bancos representaron 1,66 millones y los que mantienen deudas irregulares con ambos tipos de entidades alcanzaron 1,36 millones.
El CEPA sostiene que tanto el ministro de Economía, Luis Caputo, como el presidente Javier Milei ratificaron una postura de no intervención estatal, catalogando el sobreendeudamiento como un «problema entre privados» donde cada usuario debe responder por sus decisiones sin asistencia ni regulación pública.
Hoy, en el Congreso de la Nación hay una treintena de proyectos con los que sus impulsores proponen al menos aliviar la pesada carga sobre familias, individuos y empresas.
La más reciente iniciativa la presentó Leandro Santoro a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, la cual estipula la creación de un Programa de Desendeudamiento Familiar y Personal en la capital.
Su fin es permitir que los hogares refinancien deudas de tarjetas de crédito y préstamos personales mediante una nueva línea de crédito en condiciones accesibles con tasas fijas con tope máximo de 35 por ciento y plazos mínimos de 24 meses para devolver el nuevo préstamo.
El desempleo, la caída del salario real lo que genera un desplome del poder adquisitivo, combinado con el alza de los servicios públicos y otros como transporte, educación, atención médica, medicamentos, más el aumento de alimentos y otros productos ha generado este serio problema de endeudamiento.
Muchos argentinos hoy se endeudan para comprar comida. Desde la asunción de Milei en diciembre de 2023, el salario real registrado cayó 8,7 por ciento, pérdida que se profundiza al 18,7 si se corrige la medición inflacionaria, advierte el CEPA.
Al contrario de lo que aducen algunos funcionarios en el equipo económico de Milei y el propio gobernante, el endeudamiento refleja una insuficiencia de ingresos estructural y no consumos irresponsables, afirma el centro de estudios económicos.
(Con información de Prensa Latina)
