Colombia dice “No” a la obsoleta fórmula antidrogas de EU
Bogotá. Fiel a su estilo, el presidente estadunidense Donald Trump amenazó hace unos días a Colombia con “descertificar” su lucha antidrogas y designarlo como un país que no coopera en forma satisfactoria en el combate al narcotráfico.
Esto quiere decir que, si Colombia no hace lo que quiere la administración Trump en materia de combate a las drogas, el país será descertificado por la Casa Blanca y perderá 391 millones de dólares que recibe en asistencia anual de Estados Unidos.
La amenaza de Trump resultó una dolorosa bofetada para Colombia, el país del mundo que más alto precio ha pagado, junto con México, en la lucha contra el narcotráfico, y el más cercano aliado de Washington en temas de seguridad en la región.
Según estimaciones del gobierno, en las últimas tres décadas han muerto 20 mil colombianos por enfrentar a los cárteles de la droga. De ellos, 5 mil 200 eran policías. Algunas de las víctimas son el ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla; el procurador general, Carlos Mauro Hoyos; el director del diario El Espectador, Guillermo Cano, y el candidato presidencial Luis Carlos Galán.
Ningún otro país de América Latina se ha plegado, como Colombia, a los lineamientos que dicta Washington en materia de combate al narcotráfico. Y en ningún otro país de la región las agencias antidrogas y de seguridad de Estados Unidos están tan involucradas en la operatividad y la logística de esa lucha.
Por eso llamó la atención que, en un memorándum que envió el miércoles 13 al secretario de Estado, Rex Tillerson, Trump haya amenazado con designar a Colombia “como un país que ha fallado de una manera clara en cumplir los acuerdos internacionales de lucha contra las drogas debido el extraordinario crecimiento de los cultivos de coca y producción de cocaína en los últimos tres años, incluyendo un récord en los cultivos en los últimos 12 meses”.
Un día antes, el martes 12, el subsecretario de Estado para Asuntos de Narcóticos, William Brownfield, había dicho en una audiencia en el Senado que Colombia descuidó su lucha contra el narcotráfico por concentrar sus esfuerzos en las negociaciones de paz con la exguerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
El trasfondo de estos duros cuestionamientos a Colombia es el deslinde que comenzó a hacer hace dos años el gobierno del presidente Juan Manuel Santos de la estrategia antinarcóticos de Estados Unidos.
En mayo de 2015, en medio de las negociaciones de paz con las FARC, Santos decidió suspender la aspersión aérea de los cultivos de hoja de coca con glifosato, un herbicida que produce la multinacional Monsanto y que la Organización Mundial de la Salud considera “potencialmente cancerígeno”.
Y a pesar de que los halcones de las agencias estadunidenses de seguridad rechazaron la decisión de Colombia, la administración del entonces presidente Barack Obama, que mostró apertura para someter a revisión la fallida guerra antidrogas impulsada por Estados Unidos en el último medio siglo, respetó la decisión.
Y es que, ¿con qué autoridad puede Estados Unidos obligar a Colombia a privilegiar políticas represivas y catastróficas para el medio ambiente y la salud humana cuando la tendencia en ese país es enfrentar el fenómeno de las drogas como un problema de salud pública y cuando las dos terceras partes de los estados de esa nación ya autorizaron el uso recreacional o medicinal de la mariguana?
Washington pretende que Colombia reanude las aspersiones aéreas con glifosato, que envenenan no sólo los cultivos de hoja de coca sino todo el entorno, mientras el estado de California ubicó a ese herbicida en una lista de sustancias químicas que pueden causar cáncer.
(Con información de proceso.com.mx)
