Aprueban diputados la Ley del ISR, pasa al Senado
Ciudad de México. La Cámara de Diputados aprobó en lo particular la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR), que reduce el margen de deducibilidad de impuestos para las grandes empresas, fija en 50 por ciento el tope máximo a la amortización de pérdidas fiscales y baja la deducción de intereses netos.
Al reiniciar esta mañana la sesión del pleno de San Lázaro, tras el receso declarado anoche cuando se aprobó ese dictamen en lo general, hoy se presentó una lista de menos de 30 legisladores, en un ejercicio que sirvió únicamente para desahogar discursos, pero sin que ninguna reserva fuera tomada en cuenta para su discusión.
La iniciativa del Ejecutivo fue avalada por 322 votos en favor, de Morena y sus aliados –a los cuales se sumaron los emecistas Eduardo Gaona y Miguel Ángel Sánchez Rivera, los mismos que ayer se abstuvieron al votar la Ley Federal de Derechos, en desapego al resto de los naranjas–, y 115 en contra, de PAN, PRI y MC, por lo que se envió al Senado para la continuación de su trámite legislativo.
PRI, PAN y MC están a favor de los ricos
Para defender los alcances de la Ley del ISR, el morenista Eduardo Castillo López elogió los principales puntos del documento, pero equivocó los términos del proceso legislativo.
Castillo reprochó a la oposición de estar en contra de la propuesta “porque ustedes están en favor de los ricos, no de los pobres. Cuando hay una tajada o un moche, obviamente no van a estar en favor de los pobres. En los gobiernos del PRI y el PAN se pusieron del lado de los que más robaban”.
El legislador recalcó que lo aprobado hoy es “una propuesta de sistema fiscal eficiente donde con el Resico se reconoce el crecimiento de los pequeños negocios y se cierran espacios para la planeación fiscal abusiva”.
Por su parte, Maribel Martínez Ruiz (PT) desmintió que las medidas de control sobre las deducciones de las grandes empresas puedan afectar a estas unidades económicas, pues no se trata de “castigar la inversión productiva, sólo que paguen más los que más ganan, y eso se llama justicia fiscal”.
La legisladora señaló que la oposición está en contra de la política tributaria porque “sólo les preocupa que sus cuates puedan evadir impuestos”.
Enfatizó que con la iniciativa del Ejecutivo “se acabaron los privilegios fiscales”, además habrá mayor recaudación, se reducirán las prácticas de elusión y se darán facilidades para los pequeños contribuyentes.
¿Se afecta a inversionistas?
El priista Jericó Abramo Masso reconoció propuestas de la Secretaría de Hacienda, como ampliar de 3.5 a 5 millones de pesos el límite de ingresos anuales para las personas físicas para tributar en el Régimen Simplificado de Confianza (Resico), así como ampliar el límite de ventas anuales para personas morales de 35 a 50 millones de pesos para participar en ese mismo esquema.
Sin embargo, al mismo tiempo criticó medidas como limitar a los contribuyentes de mayores ingresos la deducibilidad de los ingresos acumulables, de 100 por ciento a 96.7, tengan o no utilidades, pues eso los desincentiva de invertir y arriesgar su capital en innovación.
“Creo que se está cometiendo un error con el gran contribuyente, porque va a decir ‘¿para qué arriesgo capital este año si me limitan mis deducibilidades cuando compro activos, maquinaria, voy a ampliar mis líneas y contratar más personal?’”, cuestionó.
De igual forma, el coahuilense consideró que, aun cuando se elevó el umbral de exención de ingresos libres de ISR para el sector primario, de 900 mil pesos a un millón de pesos anuales, esa medida “no es suficiente”, pues los agricultores y ganaderos arriesgan capital y asumen riesgos que no se ven compensados de esta manera.
La panista Julia Licet Jiménez Angulo coincidió en que limitar la deducibilidad de los ingresos a los grandes contribuyentes perjudica la competitividad. “Pretenden recaudar más, pero poniendo más restricciones a las empresas que producen, invierten y generan empleos”, lamentó.
“Con menos recursos para operar e invertir, se pone en riesgo su capacidad de crecer, contratar personal y mejorar salarios. No confundamos el combate a la evasión con el castigo a los contribuyentes cumplidos. No hay que poner cargas adicionales a quienes cumplen la ley y mantienen activa la economía”, insistió.
(Con información de La Jornada)
