Corrupción y precariedad social en Panamá
Panamá, República de Panamá. El partido Frente Amplio por la Democracia (FAD) denunció hoy una ola de corrupción en instituciones públicas de Panamá, mientras cuestionó la precariedad en que, según esa organización, vive buena parte de la población.
En conferencia de prensa, la presidenta de esa organización política que aglutina a sectores populares y de izquierda, la economista Maribel Gordón, señaló varios casos que, a su juicio, reflejan un manejo irregular de recursos estatales, entre ellos la adquisición de computadoras portátiles por parte del Ministerio de Educación.
La también catedrática cuestionó que, pese a los señalamientos formulados en torno a esos procesos, no se hayan determinado responsabilidades ni aplicado sanciones a los funcionarios que pudieran estar involucrados.
Gordón llamó asimismo la atención sobre la renuncia intempestiva de varios funcionarios de esa cartera, después de que estos y otros asuntos salieran a relucir durante los debates sobre partidas presupuestarias en la Asamblea Nacional (parlamento).
La dirigente política se refirió además a recientes cuestionamientos por presunto nepotismo en instituciones estatales, entre ellos el caso de la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz, quien incorporó como asesor a su cuñado, un funcionario del Tribunal Electoral, bajo la modalidad de “préstamo”, según explicó la propia titular.
Durante su intervención, Gordón también aludió a los vínculos entre aportes a campañas electorales y posteriores designaciones o remuneraciones dentro de la administración pública.
En ese contexto, mencionó el caso de donantes de campañas vinculados al partido gobernante Realizando Metas, quienes, de acuerdo con sus declaraciones, realizaron aportes de hasta 20 mil dólares y posteriormente accedieron a remuneraciones elevadas en cargos públicos.
Al respecto, hizo referencia, sin identificarlo directamente, al caso del embajador de Panamá en Washington, José Miguel Alemán, cuyo salario mensual, según cuestionamientos formulados recientemente por el diputado Jhonathan Vega durante la Comisión de Presupuesto, rondaría los 46 mil dólares. Por otra parte, el abogado Antonio Vargas confirmó a Prensa Latina que el próximo 1 de septiembre vence el plazo para que el Gobierno panameño responda ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por señalamientos relacionados con el cumplimiento de convenios sobre derechos laborales y libertad sindical.
Según Vargas, las organizaciones de trabajadores también presentarán ante ese organismo internacional sus argumentos y evidencias sobre presuntos atropellos contra dirigentes y afiliados, particularmente docentes y miembros del sector de la construcción.
El jurista cuestionó de antemano el contenido de la respuesta oficial, al considerar que no reflejará adecuadamente, según dijo, la situación denunciada por los trabajadores y sus organizaciones.
Gordón aseguró finalmente que, pese a lo que calificó como persecución atroz contra organizaciones sociales y diversos atropellos, el FAD continuará su actividad política y sindical en defensa de las demandas populares.
La dirigente sostuvo que el alto costo de la vida y las dificultades económicas mantienen el descontento entre amplios sectores de la sociedad panameña, que reclaman respeto a sus derechos más elementales y a la dignidad nacional.
(Con información de Prensa Latina)
