Denuncian consultas a modo para proyectos de energías

“Acusan” que se busca favorecer la instalación de un millón 183 mil 500 paneles solares en in plan de contar con energías limpias

Mérida, Yucatán. Activistas, ejidatarios y campesinos de comunidades de Muna, Ticul y Sacalum denuncian que han sido víctimas de consultas y de estudios de Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) ilegales e irregulares por parte de la Secretaría de Energía (Sener) y dependencias estatales.

“Acusan” que se busca favorecer la instalación de megaproyectos de energía limpias en la comunidad (Ticul A y Ticul B), donde se pretende instalar un millón 183 mil 500 paneles solares, lo que ocasionará la devastación de más de mil hectáreas de selva media caducifolia, expusieron.

Asimismo, indican que los empresarios de Sun Power y Vega Solar, les pagan a algunos ejidatarios cuatro millones de pesos por 300 hectáreas, lo que representa 1.3 pesos el metro cuadrado de sus tierras, a través de un contrato usufructo por 30 años, lo que ha ocasionado división entre los pobladores, pues hay algunos que quieren vender sus tierras a precios baratos y otros que no, porque desean conservar las selvas. Incluso, señalaron que las empresas han pagado a habitantes de otras comunidades para que se manifiesten a favor del proyecto en las asambleas y consultas, por lo que los pobladores han denunciado estas anomalías a la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH).

Por el momento los trabajos están suspendidos por presión de las comunidades y las denuncias que han interpuesto en diversos tribunales agrarios y en instituciones internacionales.

Grave situación

Wilberth Abraham Chi Domínguez, de la comunidad de Muna, comentó que enfrentan una situación que calificó de grave porque se pretende instalar un parque solar de casi mil 200 paneles solares en la localidad de San José Tipceh, que amenaza con la deforestación de mil hectáreas de selva, y que ocasionaría una “ola de calor” que impactaría a la comunidad, además de afectar a la fauna. Explicó que el daño que va a ocasionar este proyecto es de un diámetro de afectación de cinco mil hectáreas (tres veces el tamaño de Muna), sin embargo, al pueblo no se le ha informado de esto.

“Este megaproyecto no tiene nada de energía limpia, como ellos dicen. No puede ser limpia si nos van a deforestar más de mil hectáreas”, manifestó.

Asimismo, precisó que algunos ejidatarios ya han cedido sus tierras a las empresas en convenio, ésto por medio de asambleas y consultas ilegales ya que no fue como marca la ley agraria, y con engaños, porque les habían dicho que iban sembrar estevia y limones, pero al final fue para el parque solar. “Las consultas no fueron ni libres, ni informadas, porque se hizo primero el contrato amañado”, agregó Chi Domínguez.

Aunado a que los estudios de impacto ambiental los hizo la empresa a su favor, sin ir al campo. “Se ha dicho que no hay nada pero hay árboles, plantas medicinales, animales, mucha diversidad,para nosotros eso es grave”, lamentó.

Aurelio Mugarte Xool, de San José Tipceh, detalló que la empresa llegó y buscó un intermediario “para que nos quitaran las tierras con engaños”.

El intermediario ingresó en el Registro Agrario Nacional 300 hectáreas, sin que el pueblo lo supiera, y lo descubrieron al escuchar maquinaria en sus tierras. Fue cuando la empresa realizó consultas pero fueron amañadas, no fueron previas, libres ni informadas. “Nos debieron haber consultado primero, para que luego viniera la firma de contratos. No fue informada porque pedimos gente que conociera el caso, expertos, investigadores, científicos, y todo lo negó la Sener”, señaló.

Por su parte, la investigadora del CIESAS-Peninsular, Gabriela Torres-Mazuera, dijo que se paga en promedio 1.3 pesos por metro cuadrado por 30 años, pero regresan las tierras con un severo daño. “Ni siquiera los ejidos cobran eso, piensen cuánto ganan los empresarios cuando compran por esa cantidad la tierra”.

Si ellos tuvieran que pagar por la restauración de las tierras cuando las regresan después de 30 años de desgaste, no podrían cubrir el precio, no sería un negocio. El negocio sólo es cuando le pagas una miseria a los ejidatarios”, agregó.

Asimismo, dijo que no hay registros de los pagos, pues se suelen hacen diferenciados y con billetes de baja denominación. El dinero se individualiza de tal manera que los ejidatarios van y se lo gastan. “El ejido es un patrimonio comunitario, pero cuando se paga individualmente, se pierde”, advirtió la especialista.

Por otro lado, dijo que ha investigado que hay “Intereses externos a los ejidos” que mueven a algunos ejidatarios para generar protestas y “romper”, asambleas o para mal vender sus tierras.

Recomendaciones de la ONU-DH

Ante las observaciones registradas, la ONU-DH incluyó una serie de recomendaciones dirigidas a la Sener, al Gobierno de Yucatán, al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), a la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México, al Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya, así como a las empresas Sun Power, Vega Solar 1 y Vega Solar 2, encaminadas a atender y solventar las irregularidades y la potencial afectación que los estudios y manifestaciones de impacto social y ambiental puedan tener sobre las comunidades, así como asegurar que el proceso de consulta cumpla con los estándares internacionales suscritos por México, garantizando la transparencia, el acceso a la información y la participación de las comunidades en un contexto libre de violencia.

(Con información de La Jornada Maya)