La cuestión de Paraíso: burocatismo y corrupción

La situación de los municipios tabasqueños y el propio gobierno del estado respecto a los laudos laborales son un ejemplo concreto de la manera en que el burocratismo, la corrupción y la impunidad han infestado la vida pública.

El caso de Paraíso es apenas un botón de muestra.

El Congreso determinó desde el 15 de enero la destitución y consignación del presidente municipal Bernardo Barradas Ruiz, así como del cabildo y los directores de Programación y de Finanzas. También ordena la consignación del ex alcalde priista Jorge Carrillo Jiménez y quienes fueron regidores entre 2013 y 2015.

Si usted cree que a un mes de la sentencia del máximo tribunal de justicia del país, las autoridades locales han acatado de manera pronta y expedita lo determinado de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se equivoca totalmente.

Apenas el martes enviaron a comisiones la “urgente” petición para integrar un Concejo Municipal en Paraíso que concluya el periodo constitucional de la administración 2016-2018 en lugar del defenestrado Bernardo Barradas Ruiz y su cuerpo edilicio.

En cuanto a la consignación de los integrantes de los ayuntamientos perredista y priista, arriba señalados, tampoco se ha sabido que hayan movido un dedo, mucho menos que se haya detenido a nadie.

Y es precisamente por este tortuguismo, esta lentitud, este valemadrismo de los funcionarios que se ha llegado a esta situación de millonarios débitos, al impago de los laudos laborales y el desacato a las sentencias de los jueces.

Trienio tras trienio se contrató personal que no hacía falta y a la entrada de cada nueva administración eran despedidos. Sobre esta realidad se montó el negocio de las demandas laborales que actualmente asciende a casi 1 mil 500 millones de pesos.

En esta cuestión están involucrados quienes formaban parte de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y ahora, quienes son parte del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Tabasco, e incluso, del propio Congreso del Estado que no han ejercido su autoridad como Poder Legislativo para conminar a los otros poderes: Ejecutivo y Judicial a proceder en consecuencia.

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