Eruviel quita agua a indígenas para dársela a empresas

Ciudad de México.– Habitantes de la comunidad nahua en San Pedro Tlanixco y de la otomí en San Lorenzo Huitzizilapan, ambas ubicadas en el Estado de México, han luchado durante años contra el intento del Gobierno mexiquense de privatizar su agua y sus bosques, símbolos de sus usos y costumbres, para instalar megaproyectos como desarrollos inmobiliarios, autopistas o incluso campos de golf.

En San Pedro Tlanixco, cerca del Nevado de Toluca, a sus habitantes se les arrebató, en 2001, el uso del río Texcaltengo, que nace en su territorio, para entregarlo a empresas de floricultivo, algunas de capital extranjero, según lo narrador por un antropólogo de la zona. Seis de los habitantes que se manifestaron en contra fueron acusados de homicidio, a raíz de un accidente, y han vivido presos por más de una década.

En el caso de San Lorenzo Huitzizilapan, en el municipio de Lerma, son las autoridades locales priistas las que han intentado dividir a la comunidad para entregar su sistema autónomo de agua a la administración estatal, acusó uno de sus habitantes.

El pasado 10 de abril, el Presidente Enrique Peña Nieto inauguró una planta de Grupo Peñafiel en Tecamac, donde también tienen un sistema autónomo de administración de agua. La empresa refresquera operará y extraerá el líquido del acuífero Cuatitlán-Pachuca a pesar de que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) emitió veda debido a su sobreexplotación.

En el Estado de México, 80 de sus 125 municipios tienen sistemas comunitarios y autónomos de administración del agua de sus manantiales o ríos.

Peñafiel, “el refresco de Peña”, le saldrá caro a Edomex: chupará el agua de millones de ciudadanos

El agua de los náhuas

Seis indígenas nahuas han vivido presos 13 años por defender su agua y tierras. Tres de ellos están condenados a 50 años de cárcel desde 2006. Habitantes de San Pedro Tlanixco, comunidad cercana al Nevado de Toluca, han luchado contra el despojo del río Texcaltengo, el cual nace en su territorio, pero se extiende al municipio Villa Guerrero, principal productor de flores del país con quien tienen un conflicto, afirmó el antropólogo y académico de la Universidad Autónoma del Estado de México, David Silva Carmona.

En 2001 la Comisión Nacional del Agua (Conagua) canceló la concesión de uso para la comunidad nahua y el gobierno mexiquense entregó el río para el cultivo de flores a la Asociación de Floricultores del municipio Villa Guerrero (ASFLORVI), dirigida y fundada en 1991 por Rodolfo López Iturbe.

Esta unión integra a alrededor de 600 socios –entre ellas empresas extranjeras– y provee a la Central de Abastos. Ocupa más del 50 por ciento de espacio en venta de flores y hortalizas a nivel nacional.

    Nos dimos cuenta de que el Gobierno estatal quería que nos confrontáramos con otras comunidades vecinas y por medio de engaños nos construyeron un pozo artesanal para el uso doméstico. Después pudieron concesionar el agua y la pusieron en las manos de las empresas floricultoras”, dijo la comunitaria Rosario Peralta a la agencia autónoma de comunicación Subversiones.

Desde entonces ha florecido la industria floricultura y también hay concesiones mineras en ese territorio, lo que genera desabasto del agua para la comunidad, expuso el académico Silva Carmona.

A finales de 2016 se conformó un Comité de Agua de San Pedro Tlanixco para administrar un pozo que la Alcaldía de Tenango del Valle instaló para la comunidad indígena. Pero antes de eso, a raíz del despojo, el suministro de agua potable era mediante pipas.

Sin embargo, Lorenzo Sánchez, Marco Antonio Pérez, Dominga González, Téofilo Pérez, Pedro Sánchez y Rómulo Arias siguen presos en el penal de Almoloya de Juárez luego del conflicto por el despojo del río Texcaltengo hace 16 años, contexto en el que murió una persona al caer de un acantilado. Ellos fueron culpados de homicidio por el accidente.

La Procuraduría General de la República (PGR) señaló de “terroristas” a algunos habitantes y de haber llamado “a un linchamiento” a través del sonar de campanas, un acto que forma parte de sus usos y costumbres, ha documentado el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero.

El “Movimiento por la libertad de los defensores del agua y la vida en San Pedro Tlanixco”, por su parte, acusó que “ésta injusticia tiene que parar, porque nuestros compañeros y nuestra compañera no han cometido ningún delito y han vivido tantos años de prisión injustamente”.

El colectivo exige al gobierno federal, estatal y al Juez primero penal de primera instancia del distrito judicial de Toluca, Maximiliano Vázquez Castañeda, que en sus manos está resolver una sentencia absolutoria, que es lo menos que merecen nuestros compañeros”.

El agua de los otomíes

Efrén Santana, habitante de San Lorenzo Huitzizilapan en el municipio de Lerma, enclavado a la montaña, acusó un intento de despojo integral de agua, tierras y bosques. Se compone de 12 delegaciones bajo un régimen comunal y sus sistemas autónomos de suministro de agua, que se alimenta del sistema Cutzamala, lleva 18 años.

 Lo que no queremos es que el Gobierno municipal coopte a las comunidades para poder administrar todos los sistemas autónomos de agua”, indicó.

En julio de 2014 las autoridades intentaron imponer una asamblea de comuneros, en ese entonces dirigida por un ex comisariado priista a favor de la privatización, para intentar hacer el cambio de uso de suelo de régimen comunal a asentamiento urbano.

Sin embargo, un pueblo comunal como San Lorenzo Huitzizilapan está protegido por leyes autónomas contra expropiaciones, por lo que no lo permitieron, pero antes “sufrimos de represión”, aseguró Santana.

“El Presidente Municipal de Lerma [el priista Francisco Javier Eric Sevilla Montes de Oca] tenía la intención de cooptar el comité de agua potable de Huitzilapan exigiendo un acta constitutiva para entregar la administración a una vertiente de la Conagua. Nos dimos a la tarea para evitarlo”, dijo.

El 20 de noviembre de 2016 lograron “darle un revés” en su intención de despojarlos del agua por medio de la municipalización.

Actualmente el Comité de agua potable está profesionalizando su sistema autónomo “para demostrarle al gobierno municipal, estatal y federal que los pueblos indígenas tienen la capacidad de suministrarse”, afirmó Efrén Santana.

Esta comunidad otomí también ha sido afectada por la construcción del proyecto privados de la autopista Toluca-Naucalpan que destruye sus bosques, “un espacio sagrado”.

El robo del agua, añadió, va acompañado de la destrucción de prácticas culturales.

(Con información de Sin Embargo)