Mercado electoral a la alza por la compra de votos
Ciudad de México. La compra de votos y el uso de programas sociales en estas elecciones se ha intensificado a pesar de que es una práctica ilegal. Acción Ciudadana Frente a la Pobreza tiene al menos 128 reportes que van desde dinero en efectivo hasta la entrega de despensas y tarjetas.
Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, conformada por 66 organizaciones, alertó que México está en condiciones de “alto riesgo” para ejercer un voto libre en este proceso electoral debido al aumento en el presupuesto federal en los más de 6 mil programas sociales, algunos duplicados.
“En la época electoral la compra de votos y el uso de los programas sociales hacen que la gente termine cerrando un trato. Los partidos ofrecen tarjetas, láminas, útiles escolares y dinero en efectivo a cambio de apoyar políticamente a un candidato”, dijo Alberto Serdán Roales, coordinador de Acción Ciudadana.
La iniciativa ciudadana ha recibido hasta el momento 128 reportes de compra de votos desde el 15 de abril cuando inició su plataforma de denuncias democraciasinpobreza.mx.
El costo del voto depende del estado, explicó Serdán Roales. En Nuevo León, Tamaulipas, Hidalgo, Tabasco y Oaxaca les ofrecen a los ciudadanos hasta 500 pesos a cambio de su sufragio, en Quintana Roo 350; en Guanajuato 500, Jalisco mil pesos, en el Estado de México la compra va de 250 a 500 pesos.
El mapa de reportes de compra de votos de la organización muestra en color rojo a las entidades donde los ciudadanos han denunciado que les han ofrecido dinero en efectivo a cambio de su apoyo. En este sector se ubican las entidades de Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco, Guanajuato, Estado de México, Morelos, la Ciudad de México, Hidalgo, Oaxaca, Tabasco y Quintana Roo.
En color naranja se encuentran Sonora, Baja California, Sinaloa, Coahuila, San Luis Potosí, Querétaro, Veracruz, Michoacán, Puebla, Chiapas, Campeche y Yucatán, estados donde se reportó la compra de votos en especie como despensas, útiles escolares y láminas.
Hasta el momento las entidades que no han reportado la compra de votos son Baja California Sur, Durango, Nayarit, Chihuahua, Zacatecas, Aguascalientes, Colima, Guerrero y Tlaxcala.
El coordinador de Acción Ciudadana mencionó que los reportes que llegan a la plataforma democraciasinpobreza.mx son de manera anónima y se toman en cuenta las denuncias de personas a las intentaron cooptar su voto o a las que personalmente vieron a gente que lo hizo.
Respecto a los partidos involucrados en las denuncias, Alberto Serdán mencionó que la concentración de los reportes va en función del gobierno que controla el estado. Por ejemplo, dijo, “en Puebla el PAN tiene el mayor número de denuncias, en la Ciudad de México el PRD, y en estados donde gobierna el PRI ese partido es el que ha recibido el mayor número de reportes”.
El próximo 1 de julio, alrededor de 89 millones de mexicanos serán convocados a las urnas para elegir al Presidente de México para el periodo 2018-2024, además de gobernadores de nueve entidades y otros 3 mil 400 cargos de elección en todo el país.
Para hacer una denuncia de la compra de votos están instancias federales como la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), un organismo de la Procuraduría General de la República (PGR) o una agencia del Ministerio Público. En el caso de los reportes que llegan a la plataforma de Acción Ciudadana, Serdán explicó que son canalizados a la Fiscalía o al Instituto Nacional Electoral (INE).
Las organizaciones de la sociedad civil tienen una larga trayectoria en ayudar a la denuncia de compra de votos. En 2012, por ejemplo, se construyó la plataforma de “Cuidemos el voto” para denunciar a través del celular irregularidades electoral.
Para Alberto Serdán, el uso de programas sociales para la compra de votos perpetua la pobreza, el clientelismo y hace que permanezca la dependencia de la gente a las dádivas y regalos que se hacen en época electoral.
De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en 2016 había 53.4 millones de personas en pobreza, es decir, 43.6 por ciento de la población nacional, mientras que los programas sociales han ido ganando presupuesto y tamaño.
Datos del Índice de Desempeños de Programas Públicos del 2016, elaborado por la organización civil Gestión Social y Cooperación A.C. (Gesoc), revelaron que 2.5 de cada 10 programas sociales no son capaces de comprobar a su población beneficiaria.
(Con información de Sin Embargo)
