Yucatán, sin justicia para las mujeres indígenas
Las mujeres mayas no conocen sus derechos, no saben a dónde acudir o qué hacer para poner una denuncia de violencia
En Yucatán no existe justicia para las mujeres indígenas, sentenció Fátima Gamboa Estrella, codirectora de Equis Justicia para las Mujeres.
Un obstáculo para el acceso a la justicia es que las mujeres mayas no conocen sus derechos, no saben a dónde acudir o qué hacer para poner una denuncia de violencia ni que tipo de instituciones piden ayudarlas.
A pesar de que en 2018, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD, por sus siglas en inglés), perteneciente a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), emitió una recomendación al Estado mexicano para fortalecer los sistemas de justicia comunitaria, y así atender adecuadamente y con perspectiva de género los casos que tengan que ver con violencia en contra de las mujeres indígenas, esto no se cumple.
Esto en Yucatán está muy lejos de mirarse, conocerse y de practicarse. “La falta de promoción, por parte del Estado, sobre los derechos de las mujeres mayas en los municipios, comunidades y las zonas rurales, es un obstáculo para el acceso a la justicia”, indicó la abogada. Si bien, explicó, en el estado, los índices de feminicidio no son tan altos como en otros lugares del país, sí tenemos una incidencia grave de agresiones contra las mujeres; el estado se ubica en el lugar siete a nivel nacional en violencia familiar.
Pero estos números se incrementan cuando se trata de mujeres mayas. De acuerdo con datos del Centro Alternativo para el Desarrollo Integral Indígena, ocho de cada 10 mujeres mayas han vivido alguna situación de violencia.
De acuerdo con Gamboa Estrella, un estudio que realizó la agrupación a 160 mujeres mayas en la entidad, revela que ninguna conocía qué es lo que hace el Poder Judicial, qué hace una jueza, un juez, no saben que ahí se resuelven situaciones de violencia, vinculadas a divorcio, pensión alimenticia, guardas y justicia y protección hacia las mujeres en situación de violencia.
Tampoco, agregó, identificaron qué era el Centro de Justicia para las Mujeres, “instituciones encargadas de garantizar la protección de los derechos de las mujeres son desconocidas por las mujeres mayas y tiene que ver con la falta de promoción por parte de las autoridades”, recalcó.
Detalló que esto se debe a la falta de cercanía y accesibilidad por parte de estas instituciones hacia las comunidades mayas, tampoco existen políticas de prevención y protección de la violencia enfocadas en las mujeres indígenas, según evidenciaron los resultados preliminares de un diagnóstico que realizó Equis Justicia.
“Existen campañas aisladas, esfuerzos municipales, pero no hay una política de protección articulada”, indicó.
La también integrante de la Red Nacional de Abogadas Indígenas señaló que este desconocimiento de las instituciones encargadas de imposición de justicia es ocasionado por la omisión del Estado de promover el derecho de las mujeres a conocer sus derechos y las instituciones encargadas de protegerlas.
Esto, precisó, genera que las mujeres mayas no sepan y no se construyan con base a derechos, sino en exigencias sociales, prejuicios, donde no hay un reconocimiento propio de las féminas como sujetas de derecho.
Además, las mujeres no saben a dónde deben ir, a qué autoridades, qué les deben exigir y cuáles son las ubicaciones geográficas donde se encuentran estos organismos. “Están lejanas y muy inaccesibles a las mujeres mayas”, expresó.
Otra situación, indicó, en Yucatán no ha habido una valoración y fortalecimiento de la justicia comunitaria para los pueblos originarios, en específico para las mujeres. “Esta falta de reconocimiento por parte del Estado provoca que los comisarios, quienes deben impartir justicia, no atiendan adecuadamente los problemas de violencia en contra de las mujeres”, reveló.
En sus investigaciones, según expuso, identificaron que 70 por ciento de los problemas que le son presentados tanto a los jueces de paz como a los comisarios municipales están vinculados con violencia hacia las mujeres.
Es decir, agregó, que la mayoría acude en primera instancia a esta autoridad comunitaria en busca de protección y de justicia, pero no la obtiene. Sus casos no se resuelven y no obtiene protección.
Entre las causas de esta omisión, manifestó la abogada, es que estas autoridades no han recibido capacitación mínima en temas de sus funciones, sus competencias, qué pueden hacer frente a la violencia.
Aunado a esto, los comisarios tampoco cuentan con manuales, protocolos, incluso con recursos económicos ni personal para poder ejercer el trabajo de autoridad en la comunidad y protección hacia las mujeres. No tienen ni con policías, patrullas, ni cierto tipo de armas para intervenir en situaciones de violencia. Y por eso, según refirieron, prefieren no intervenir.
“Todo esto genera desamparo, desprotección, incremento de la violencia que viven por parte de sus parejas, lo que puede llegar hasta los feminicidios”, señaló la activista.
A este panorama, añadió, se suman problemas de discriminación, mujeres mayas que acuden a denunciar al Ministerio Público, donde las hacen esperar, carecen de traductores o intérpretes en el momento que interponen sus denuncias, el número es “incipiente”, cuando más del 30 por ciento son mayahablantes.
(Con información de La Jornada Maya)
