Yucatán inserta en ley violencia digital y ciberacoso
De acuerdo a estadísticas del Inegi, los hombres sufren ciberacoso en un 15.6 por ciento y las mujeres en un 19.2 por ciento
Mérida, Yucatán. La 62 Legislatura aprobó modificaciones a la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que establece la visibilización del ciberacoso y la violencia digital, al incluirlas como una forma de agresión tanto para hombres como para mujeres, y desechó la iniciativa de ley para el aprovechamiento sustentable del agua, promovida por el ex gobernador Rolando Zapata Bello.
En tribuna, la diputada Paulina Viana Gómez destacó que el sector femenino es uno de los principales blancos de este tipo de violencias.
“Las mujeres son víctimas de violencia digital en mayor porcentaje, tal y como se demuestra con los datos recabados en el Módulo de Ciberacoso del Inegi 2017, en el cual se señala que, en Yucatán, los hombres sufren esto en un 15.6 por ciento y las mujeres en un 19.2 por ciento”, expresó.
Agradeció el esfuerzo sumado en la Comisión de Igualdad de Género que encabeza María de los Milagros Romero Bastarrachea, por lograr un producto legislativo de calidad en beneficio de las jóvenes yucatecas quienes son las víctimas potenciales de la violencia digital.
“Es preciso resaltar que el ciberagresor así como ataca mujeres, también ataca a los hombres; de ahí la necesidad de castigar el ciberacoso en el Código Penal del Estado de Yucatán”, demandó.
Por su parte, la priista Janice Escobedo Salazar, quien también sumó ideas a la iniciativa aprobada en el Pleno, recalcó que en todo momento se priorizó el bienestar de las mujeres víctimas de violencia, y al mismo tiempo velando siempre por la libertad de expresión de la sociedad.
“Me es imperante recalcar que el trabajo legislativo no debe causar divisiones, por el contrario, nos debe unir como sociedad. Todos somos corresponsables de poder garantizarles a todas las mujeres, la oportunidad de poder gozar de la plenitud de sus derechos”, apuntó.
Dijo que con la aprobación de ese dictamen se dota al Poder Ejecutivo de los elementos necesarios para elaborar y aplicar políticas públicas para establecer, promover y vigilar el cumplimiento de protocolos y metodologías para la atención y prevención de este tipo de violencia.
(Con información de La Jornada Maya)
