Yucatán, 2º. lugar nacional en abuso sexual a menores

En relación a los casos de agresiones físicas contra mujeres, la entidad ocupa el séptimo lugar a nivel nacional

Mérida, Yucatán. La situación de las mujeres en Yucatán es vergonzante: la entidad ha ocupado el séptimo lugar a nivel nacional en casos de violencia física y el segundo lugar en acusaciones de abuso sexual de niñas y niños. De igual forma, el sector femenino de la población enfrenta de manera cotidiana diversas formas de violencia, desde las “más visibles” como la física y la económica hasta las “invisibles” como la sexual, la psicológica, la comunitaria y política, declararon las activistas que solicitaron la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en la entidad hace dos años.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la directora del Observatorio Ciudadano del Feminicidio en Yucatán, Adelaida Salas Salazar, recordó que de acuerdo con la Encuesta Nacional Sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh) realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en el 2016, Yucatán ocupó el séptimo lugar por la cantidad de casos de mujeres violentadas a lo largo de su vida.

Agregó que el Observatorio Ciudadano Nacional de Violencia ha indicado que la entidad se encuentra en segundo lugar en casos de abuso sexual de menores. Este dato llama la atención tomando en cuenta que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), anunció que México ocupa el primer lugar en esos ilícitos, pues cada año más de 4 millones de niñas y niños son víctimas de abuso sexual en el país.

Sobre este asunto, la investigadora de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), Ligia Vera Gamboa, insistió en la urgencia de que el sector salud esté capacitado en cuanto a la operación de la Norma Oficial Mexicana (NOM) 046 para atender los casos de violencia sexual. “Solo se denuncia una de cada cuatro violaciones, es decir que un ataque puede terminar en un embarazo forzado si no se brinda el tratamiento adecuado a las víctimas”, sostuvo.

La académica subrayó que hasta la fecha las activistas no han entablado diálogo con la Dirección de Salud Mental de la Secretaría de Salud Estatal y se desconoce si las unidades médicas cuentan con los “kits de violación” para atender a las víctimas de los ilícitos de índole sexual.

Las violencias invisibles: violencia política de genero

Las activistas no se cansaron en enfatizar los peligros que representa la invisibilización de algunos tipos de violencia, como la comunitaria y en especial, la política.

Aunque a raíz de la implementación de la Ley de Paridad (a nivel federal desde el 2015 y a nivel estatal desde el 2017), la participación política de las mujeres se cuadriplicó –de un índice de 7.5 presidentas municipales en todo el país antes del 2018 a 27 tras concluir el proceso electoral del año pasado-, la investigadora de la UADY, Gina Villagómez Valdés, señaló que este avance no fue sustantivo en la entidad ya que en los 25 municipios más grandes del estado –con mayor número de habitantes y que perciben más recursos públicos-, el 80 por ciento de los candidatos durante los comicios del 2018 fueron hombres.

Al concluir dicho proceso, sólo en una de esas 25 comunidades resultó ganadora una mujer. “6 por ciento de la población yucateca está bajo el mando de una alcaldesa, pese a que 27 por ciento de las 106 presidencias municipales fueron ganadas por mujeres. Esto porque se les asignaron municipios pequeños. Las redes de poder de los varones lograron mantenerlas fuera de la competencia”, sostuvo la académica.

A través de un estudio, Villagómez Valdés pudo detectar que las mujeres atraviesan tres fases de violencia política: la primera en la lucha interna de los partidos, que es la que “deja más debilitadas y lastimadas a las féminas, como para no volver a participar en otro proceso electoral”; después en la campaña, en la que observó 12 tipos de violencia en contra de las mujeres que aspiraban cargos políticos, incluyendo hombres persiguiendo con armas a las mujeres para que abandonen sus candidaturas; y la tercera la enfrentan quienes obtienen un puesto y asumen el poder. “Hay bloqueo por parte de los regidores de oposición, y estos tipos de violencia son menos visibles que los demás”, puntualizó.

La especialista hizo un llamado a las mujeres que quieren participar en la política que se informen y acudan con las instancias adecuadas para asesorarse y en su caso, denunciar, ya que el año pasado únicamente se interpuso una demanda por violencia política de género. También hizo hincapié en que las autoridades electorales “ya dejaron en el olvido” estos asuntos y no se han realizado nuevas acciones para combatir ese flagelo.

La AVGM: suspendida

Las activistas reiteraron que no cuentan con cifras certeras sobre los casos de violencia contra las mujeres. Pese a que una de las conclusiones que emitió la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM) ante la solicitud de la AVGM fue el fortalecimiento e integración del Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia en Contra de las Mujeres, para administrar la información de todas las instancias involucradas en la atención y sanción de la violencia contra las mujeres, hasta la fecha no se tienen avances de esa medida.

Bertha Elena Munguía Gil, integrante de CASDE A.C., informó que hasta enero se sabía del registro de 12 mil casos en dicho Banco y de la capacitación de 150 personas en el tema, pero no se sabe si ya se integró a todas las instancias involucradas en esos asuntos. Además, comentó, el 80 por ciento de los municipios no cuenta con computadoras ni internet para conectarse con el Banco.

Tampoco se ha dado seguimiento a las otras recomendaciones de la CONAVIM, según las activistas. “Todo lo que se hizo el año pasado en programas, en capacitación, todo está detenido, no se ha vuelto a reactivar nada”, apuntó Salas Salazar.

Sin embargo, este mes las solicitantes de la Alerta enviarán un informe de seguimiento a la CONAVIM, con el cual dicha instancia determinará si la AVGM será decretada o no. “Yo voto porque sí se active”, dijo Gina Villagómez levantando la mano, mientras las demás mujeres que la acompañaban manifestaban estar de acuerdo.

“[Las autoridades] Dicen que están trabajando en políticas públicas por las mujeres. Pero la realidad es vergonzante”, sentenció la activista y miembro de la Asociación Civil “Kookay”, Nancy Walker Olvera.

(Con información de La Jornada Maya)