Urgen frenar la violencia a las mujeres en Yucatán

Las dependencias locales continúan recibiendo llamadas de auxilio por agresiones, en solicitud de apoyo o para ingreso a refugios

Mérida, Yucatán. La violencia contra la mujer persiste en Yucatán. Agrupaciones y dependencias continúan recibiendo llamadas de auxilio por agresiones, en solicitud de apoyo o para ingreso a refugios.

Sólo al refugio del Instituto de la Mujer de Mérida han ingresado, de marzo a la fecha, 12 mujeres por violencia. Entre abril y junio, la dependencia recibió más de 285 llamadas de emergencia por violencia extrema.

Agrupaciones civiles y activistas indicaron que urge crear una estrategia concreta para combatir este problema social, que no disminuye.

Yendy Escalante Ortiz, coordinadora de Línea Mujer del Ayuntamiento de Mérida, indicó que en abril se dio el mayor número de llamadas de mujeres solicitando algún tipo de apoyo, información o asesoría, por los diferentes tipos de violencia que sufren.

De las 162 llamadas que atendieron ese mes, 122 fueron de emergencia extrema; mujeres que padecen de violencia física, sicológica, económica, las tres al mismo tiempo, o piden acudir a algún refugio, pues ya no pueden quedarse en sus casas. Posteriormente, en mayo, recibieron 77 llamadas de emergencia, en junio 86 y en julio 74.

Violencia multifactorial

El despunte de abril en las llamadas solicitando atención se debe, según Escalante Ortiz, a varios factores; por ejemplo, a problemas de abstinencia generados por la ley seca, que se implementó por primera vez, y a que estábamos en el pico más alto de la pandemia. “Dejar de consumir alcohol de un momento a otro genera un síndrome de abstinencia que ocasiona ansiedad y eso puede causar neurosis en las personas”, explicó.

En ese mes, precisó, empezaba la prohibición en la venta de alcohol, más el encierro, muchos perdieron sus trabajos, no había ingreso económico. “El hecho de estar en la casa con el generador de violencia era lo más complicado”, apuntó.

Con el paso del tiempo, agregó, se fueron reactivando algunas actividades, regresaron a sus trabajos o buscaron apoyo. No obstante, en general las llamadas de auxilio, así como los casos de violencia, no han disminuido; además existe una “cifra negra”, es decir, las mujeres que no denuncian ni piden ayuda, por miedo o falta de información.

Refugios a tope

Por su parte, Mónica Medina Barrera, coordinadora multidisciplinaria de los Servicios Especializados en Atención a las Violencias contra las Mujeres, detalló que en el refugio del Instituto de la Mujer han ingresado 12 mujeres, del 17 de marzo a la fecha.

Actualmente hay ocho mujeres, algunas ingresan con sus hijos y, desde julio, se amplió el cupo para poder atender a 12 mujeres; antes la capacidad era de ocho.

Rebeca Casanova, integrante de Apis Sureste Fundación para la Equidad, indicó que la agrupación recibe diariamente, en promedio, más de 16 llamadas para asesoría legal o solicitando refugio, o que piden reingresar porque su agresor se volvió a presentar y necesitan un plan de seguridad.

“La pandemia vino a poner en claro que la violencia es algo muy privado y ahora se está volviendo público; ya no podemos estar todos en el mismo encierro”, advirtió la abogada.

La experta indicó que el alcohol es un factor, pero no es determinante; es decir, la violencia prevalece sin necesidad de esta sustancia o drogas, éstas vienen a agravar la situación. Más bien el propio encierro y la situación económica es lo que genera mayor violencia.

En su opinión, en esta emergencia sanitaria no se pueden dejar a un lado estos temas. Así como los derechos humanos, la salud es fundamental, pero el Estado debe generar políticas que privilegien el acceso a la justicia y la erradicación de la violencia.

Se deben destinar más recursos para atender este problema, apoyar a las mujeres de las comunidades, unidades específicas en los municipios para una capacitación en perspectiva de género, en violencia para saber cómo actuar ante esta situación, agregó.

Liria May Canul, coordinadora del Centro Alternativo para el Desarrollo Integral Indígena, ubicado en Sihó, Halachó, comentó que siguen apoyando a mujeres para hacer demandas, en casos de violencia extrema, y seguimiento a pensión alimenticia, sobre todo en su comunidad y en los alrededores.

A la semana atienden a más de seis mujeres con orientación legal básica, apoyo emocional, o las canalizan a algunas instancias para que encuentren refugio o creen redes de ayuda. De enero a junio han ayudado a más de 100 mujeres.

Para la activista, la ley seca sirve de nada para combatir la violencia, pues ha observado que en las comunidades se sigue vendiendo alcohol de manera clandestina.

Números de ayuda: Línea Mujer 84557672 y 9999230973; Apis Sureste: 9999884048, 9994952328, 9991043878 y 9991516120.

Persiste violencia contra la mujer. Urge plan concreto para combatir este mal

Línea Mujer ha recibido más de 285 llamadas de emergencia extrema.

(Con información de La Jornada)