Urge dar acceso a la justicia comunitaria a mujeres mayas

Piden al gobierno de Yucatán garantizar la atención a las siete de cada diez mujeres mayas que han sido víctima de violencia

Mérida, Yucatán. Promotoras mayas de justicia, activistas y agrupaciones civiles hicieron un llamado al gobierno de Yucatán para garantizar el acceso a la justicia comunitaria de mujeres mayas del estado, y que se combata el racismo en los sistemas de justicia.

Al presentar la “Agenda para el acceso a la justicia de mujeres mayas de Yucatán”, este martes 6 de septiembre, pidieron acciones concretas, mesas de diálogo y políticas públicas que aseguren estos derechos.

“Porque nos queremos vivas, nos queremos libres, autónomas y felices”, manifestaron.

Liria May Canul, coordinadora del Centro Alternativo para el Desarrollo Integral Indígena, indicó que, en el estado, 65 por ciento de las mujeres son mayas; y siete de cada 10 mujeres mayas han vivido situaciones de violencia.

Ante este panorama, dijo que es urgente que las instituciones y políticas públicas respondan a este llamado de las diferentes justicias que necesitan las mujeres mayas.

Resaltó que la Agenda, creada por las promotoras mayas, contiene testimonios de la vida cotidiana de las mujeres mayas llenas de violencia, discriminación, exclusión y falta de justicia.

Por lo tanto: “Exigimos y hacemos un llamado a todas las autoridades, instituciones de salud, justicia, educación, transparencia, atención de la violencia, legisladores y el gobierno del estado a establecer una mesa de trabajo donde periódicamente podamos dar cumplimiento de las exigencias”, manifestó.

Fátima Gamboa Estrella, codirectora de Equis Justicia para las Mujeres, resaltó la urgencia de atender las exigencias de las mujeres de este sector.

“Hoy, las mujeres mayas, lanzamos un llamado a las instituciones para poder atender esta situación; porque nos queremos vivas, no queremos libres, autónomas y felices”, manifestó.

En Yucatán, precisó la abogada feminista, de enero a mayo del 2022, cada dos horas 22 minutos, se recibieron llamadas de auxilio al 911 por violencia familiar; el estado ocupa el décimo lugar en llamadas de auxilio por delitos de abuso sexual y de violación.

Frente a esta “indignante situación”, miran con preocupación como sólo uno de cada 10 casos de violencia se denuncia.

Esto, según documentaron en la Agenda, se debe principalmente a la lejanía de las instituciones de justicia, a los procesos tardados, burocráticos y caros, y al desconocimiento de los derechos y mecanismos que tienen las mujeres mayas. “Ya no hay que decir si vives violencia denuncia, sino mirar las obligaciones del Estado y del gobierno de Yucatán para decir: Si vives violencia, nosotras, nosotros, las instituciones, las autoridades, te vamos a proteger”, resaltó.

Es importante, agregó, que las fiscalías, poderes judiciales, los centros de justicia para las mujeres sean accesibles, cercanos e interculturales.

Urge, añadió, que la justicia comunitaria sea mirada, reconocida, no a través del folclore, para resolver las situaciones de violencia de las mujeres mayas. “Necesitamos ver a esta autoridad con dignidad, mirar que no tienen presupuesto, capacitación, policías y que también sus prácticas están atravesadas por una discriminación por motivos de género”, sentenció.

Sin presupuesto para garantizar justicia a mujeres

También, de acuerdo con la activista, urge revisar presupuestos que se asignan en Yucatán para poder atender la violencia en contra de las mujeres, pues, según han investigado, en los últimos cinco años, menos del uno por ciento del presupuesto estatal se ha destinado para garantizar la vida libre de violencia.

En promedio, para atender la violencia que sufren siete de cada 10 mujeres en el estado, sólo se destina 90 pesos para la prevención, 49 pesos para el maltrato y únicamente 80 centavos para cuestiones vinculadas a la justicia.

“No estamos poniendo el énfasis en el acceso a la justicia, para la prevención, la sanción, erradicación y reparación”, sentenció.

Además, señaló que se necesita revisar las leyes de los municipios, los bandos de policía y buen gobierno para trabajar en conjunto para garantizar esta justicia comunitaria, que estas autoridades también se sientan invocadas para proteger a las mujeres.

Reiteró el llamado a las autoridades para que, a partir de esta Agenda, se garantice la plena participación de las mujeres mayas. “No queremos nada más que nuestra voz sea escuchada, queremos que la justicia sea garantizada”, concluyó.

(Con información de La Jornada Maya)