PRI y PAN proponen ‘tropicalizar’ feminicidios

Mérida.- En una larga sesión del Pleno se presentaron tres iniciativas de ley, una para armonizar el Código Penal estatal con el federal en materia de feminicidio; otra en materia de anticorrupción, y la tercera para generar las condiciones para que estudiantes deportados de Estados Unidos, los llamados ‘dreamers’, puedan continuar con su instrucción superior en el estado.

En lo que fue el inicio del tercer periodo de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional, diputadas de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN) se unieron para presentar una iniciativa de ley con el objetivo de “tropicalizar” las siete causales para sancionar el delito de feminicidio existentes a nivel federal, con el Código Penal estatal.

La diputada del PAN, Beatriz Zavala Peniche, argumentó que la iniciativa que se presentaría minutos después de manera conjunta con la priista María Esther Alonzo Morales, fue producto del trabajo con varias organizaciones de la sociedad civil.

“En los últimos años se ha visibilizado esa violencia contra las mujeres, hoy organismos internacionales de defensa de los derechos humanos, organismos que se dedican a velar por la paz social y por los derechos de todos los ciudadanos han dejado plasmado para todos los países que la peor violencia que se puede cometer contra una mujer es el feminicidio”, expuso.

Por su parte, la diputada Alonzo Morales indicó que la adecuación al Código Penal del estado reivindica el accionar del Poder Legislativo, al otorgar mayor certeza y seguridad jurídica a la ciudadanía, además de brindar mayores elementos jurídicos para que las autoridades de procuración y administración de justicia en la entidad emitan resoluciones que no dejen lugar a dudas para castigar severamente a quien le quite la vida a una mujer por razones de género.

“Cada esfuerzo, cada acción que con compromiso y responsabilidad emprendamos de manera conjunta para eliminar la cultura de violencia y discriminación contra la mujer, contribuyen en gran medida a consolidar la igualdad sustantiva entre los géneros, nos brinda la oportunidad de mirar al pasado y reflexionar sobre el futuro que estamos construyendo para las nuevas generaciones”, señaló.

¿Y la corrupción?

Instantes después subió a tribuna la diputada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Jazmín Villanueva Moo, quien presentó una iniciativa de ley en materia de combate a la corrupción que tiene entre sus particularidades que el titular del Poder Ejecutivo estatal pueda ser sometido a juicio político en caso de ser encontrado culpable de atentar contra el erario público.

La legisladora de Morena presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de Estado de Yucatán en materia de combate a la corrupción.

Precisó que se busca establecer a nivel constitucional la designación de contralores internos en los organismos autónomos; asimismo, establecer el procedimiento para designar al titular de la vicefiscalía especializada en combate a la corrupción como una facultad del Congreso.

Ley accesoria

Por su parte, Marbellino Burgos Narváez, del Partido Nueva Alianza (Panal), presentó la propuesta de reforma a la Ley de Educación del Estado de Yucatán para que el sistema educativo del estado se sume con responsabilidad y compromiso a garantizar el derecho a la educación de niños, jóvenes y adultos, quienes al ser repatriados se verán obligados a interrumpir sus estudios.

Consideró que ante las deportaciones que puedan incrementarse deben establecerse los mecanismos para que los estudiantes puedan continuar con su instrucción superior en las escuelas de la entidad.

“Es fundamental actualizar y dar cumplimiento a lo que a las autoridades educativas locales compete, y de manera concurrente con la autoridad federal, con el objeto de simplificar los trámites de revalidación de estudios que posibiliten tanto a repatriados, extranjeros o estudiantes en movilidad, el continuar con su preparación educativa y profesional”, concluyó.

(Con información de L a Jornada Maya)

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