Poder Judicial yucateco, ajeno a la población maya

Una de 160 mujeres mayas conocía al Tribunal y ninguna al Centro de Justicia para las Mujeres y la Defensoría Legal contra la violencia

Mérida, Yucatán. Aunque alrededor del 30 por ciento de la población yucateca es mayahablante, el Poder Judicial local no cuenta con mecanismos de accesibilidad de información para personas de habla indígena, con discapacidad visual, intelectual y analfabeta, de acuerdo al informe (In)Justicia Abierta, realizado por la asociación Equis: justicia para las mujeres.

El informe indica que sólo una de 160 mujeres mayas entrevistadas por la agrupación conocía a la mencionada institución y ninguna reconoció al Centro de Justicia para las Mujeres y la Defensoría Legal como instituciones a las que pueden acudir en caso de violencia. “Se advierte la lejanía del Poder Judicial con la población maya”, externó la coordinadora del Área Legal de Equis, Fátima Gamboa Estrella.

Agregó que aunque Yucatán obtuvo el puntaje más alto en la evaluación de justicia abierta, tampoco obtuvo una calificación aprobatoria, pues hay diversas áreas en las que no cumple al 100 por ciento. Por ejemplo, en 2017 se emitieron mil 425 sentencias, de las cuales los jueces consideraron “de interés público” 191, es decir, sólamente publicaron 13.4 por ciento de las resoluciones; más del 80 por ciento no sale a la luz pública.

Además, sólo se publican las sentencias de constitucionalidad o las que establecen precedentes obligatorios. Por lo tanto, no es posible conocer las resoluciones emitidas en los distritos de Kanasín, Umán, Valladolid o Tekax. Gamboa Estrella recalcó que deben publicarse todas las sentencias, ya que es la única manera de controlar y vigilar el trabajo del Poder Judicial, así como detectar actos de discriminación y cambiarlos.

Sin perspectiva de género

Por otro lado, Amelia Ojeda Sosa, coordinadora jurídica de la Unidad de Atención Sicológica, Sexológica y Educativa para el Crecimiento Personal (Unasse), opinó que en ninguna de 110 sentencias analizadas por la Red por la Ciudadanización de la Justicia se cumplieron los estándares para juzgar con perspectiva de género, ni se hace análisis del contexto del caso.

Como ejemplo mencionó el caso de Evelia, documentado en el reportaje Maternidad forzada: el mito del aborto legal en Yucatán. La mujer maya fue condenada por homicidio en razón de parentesco por un aborto espontáneo, ya que no contó con asesoría en su idioma y le hicieron firmar un documento en español que, por supuesto, no entendía.

“El contexto de pobreza y discriminación que le hubiese permitido en algún momento ser declarada libre por la situación en que se encontraba, no se incluye en la sentencia”, explicó la abogada, quien añadió que la perspectiva de género sirve para que las resoluciones cumplan con su función de incidir en toda la comunidad y en otros poderes del estado.

También justicia federal

Un segundo ejemplo fue la sentencia del amparo colectivo promovido tras la prohibición del matrimonio igualitario en Yucatán, en la que el juez de distrito suspendió el recurso bajo el argumento de que las personas que firmaron el amparo no demostraron pertenecer al grupo social que estaba siendo discriminado.

“No demostraron ser homosexuales. ¿Cómo se puede demostrar eso? No sabemos cuál sea la prueba idónea para poder mostrarlo en un juicio”, dijo Ojeda Sosa.

El informe de Equis también indica que Yucatán carece de mecanismos para difundir las sentencias y de políticas de transparencia proactiva. Y aunque el Poder Judicial “contestó que era abierto a las universidades, que entabla diálogos con cámaras de comercio e invita a la sociedad civil a eventos”, no reportó tener mecanismos de colaboración con la sociedad civil.

“Hay resistencia por parte de la institución para colaborar con la sociedad civil, y tiene la concepción de que la participación ciudadana es hacer eventos e invitar [a asociaciones civiles], pero no hay una doble vía para mejorar al Poder Judicial desde afuera”, explicó Gamboa Estrella.

Ojeda Sosa subrayó la urgencia de que el Poder Judicial sea abierto e incluyente, que emprenda la labor para promover sus servicios y los hechos contenidos en sus sentencias, o de lo contrario “seguiremos teniendo población indígena que no conozca sus derechos, las mujeres en situación de violencia no podrán tomar decisiones informadas y difícilmente podremos tener una sociedad yucateca donde se restablezca la paz y no haya violencia”.

Convenio TSJYUC -INAIP

Mientras, en las instalaciones del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán (TSJYUC) tuvo lugar la firma de un convenio general de colaboración entre el Poder Judicial y el Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAIP Yucatán), a fin de establecer las bases de cooperación entre ambas instituciones para coordinar la ejecución de programas y actividades que contribuyan a dar cumplimiento a los objetivos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado.

El convenio establece que dichas actividades estarán dirigidas al personal del Poder Judicial de Yucatán y a la ciudadanía en general, reforzando así la cultura de la transparencia gubernamental y rendición de cuentas, junto con el desarrollo de mejores prácticas de gobierno y la publicación de información en el marco de las políticas de transparencia proactiva.

(Con información de La Jornada Maya)