Pide Greenpeace evaluar impacto socioambiental de megaproyectos
A fin de que el corredor para el desarrollo integral del Istmo de Tehuantepec y el tren turístico transpeninsular, anunciados por el próximo gobierno y previstos en zonas de alta biodiversidad y ricas en recursos naturales, no generen conflictos socioambientales, se debe consultar a los habitantes y a los pueblos indígenas, así como cumplir estrictamente con la legislación ambiental y los ordenamientos ecológicos vigentes, señalaron ambientalistas.
Los proyectos están planeados en ecosistemas diversos, como los bosques y selvas de Oaxaca y Veracruz, además de que en la península de Yucatán hay áreas naturales protegidas, como el parque nacional Tulum, Quintana Roo, y las reservas de la biosfera de Sian Ka’an y Calakmul, en Campeche.
Antes, en esas regiones también se plantearon proyectos de ese tipo. En 1996 el presidente Ernesto Zedillo anunció el Megaproyecto del Istmo, después el gobierno de Vicente Fox propuso el Plan Puebla-Panamá en el que se preveían proyectos petroleros y corredores agroindustriales en varias zonas, incluidas las ahora propuestas del Istmo, Quintana Roo y Campeche. Ninguno de los dos prosperó.
En el Istmo ya hay conflictos socioambientales por el establecimiento de 21 parques eólicos y por proyectos mineros de empresas canadienses en San Miguel Chimalapa, Ixtepec, San Dionisio del Mar y otras comunidades.
Así, ante estos planes se deben hacer las consultas adecuadas y oportunas con los pobladores, e incluso si hay comunidades indígenas se deben realizar de acuerdo con lo que establece el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, cumplir con la legislación nacional y los convenios internacionales.
Hay que ver qué tanta afectación ambiental pueden tener, si pasan por áreas naturales protegidas y si se tiene que cambiar la ruta, si hay especies amenazadas o en riesgo de extinción, todo eso se debe tomar en cuenta para evitar las mayores afectaciones posibles, consideró Gustavo Alanís, director del Centro Mexicano de Derecho Ambiental.
Además de cumplir con la evaluación de impacto ambiental, se deben acatar otras disposiciones, como el uso de suelo, programas municipales de desarrollo urbano que definen lo que se puede y no se puede hacer, los programas de ordenamiento ecológico del territorio y las declaratorias de áreas protegidas. Todos estos elementos son esenciales para que los proyectos vayan adelante y evitar conflictos.
Gustavo Ampugnani, de Greenpeace, sostuvo que ambos proyectos se ubican en zonas de gran diversidad biológica y cultural, por lo que se requiere analizar de manera cuidadosa los impactos socioambientales que tendrá que aumentar la infraestructura existente. Aunque no se conocen a detalle los planes, se sabe que se desarrollarán a partir de una infraestructura que ya se tiene, como líneas férreas y carreteras federales.
En la historia reciente de nuestro país, este tipo de proyectos de desarrollo han tenido un alto costo social y ambiental. Tienen que considerar la importancia de proteger los ecosistemas y la biodiversidad, garantizar la integridad de los territorios, así como respetar los derechos y prioridades de las comunidades locales, agregó.
Se deben tomar en cuenta los antecedentes de lo que ha ocurrido en la región para valorar estos proyectos, todos los conflictos que se han generado en el Istmo por los parques eólicos y cómo esto ha provocado violencia contra las comunidades, persecución, y situaciones muy delicadas, consideró Alberto Solís, de Serapaz. Y si a pesar de la valoración deciden seguir adelante, hay que empezar por el respeto al derecho de las comunidades, garantizar las condiciones para que no volvamos a una dinámica de opresión, represión e imposición que han hecho mucho daño.
(Con información de La Jornada Maya)
