Persiste conflicto jurídico por Hospital de Ticul
Se desconoce cuánto tiempo se prolongará el proceso jurídico, pues dependerá de la carga de trabajo de los juzgados: Tappan
Mérida, Yucatán. El Consejero Jurídico del Gobierno del Estado, Mauricio Tappan Silveira informó que a pesar de los avances en el litigio del Hospital de Ticul, todavía no se puede determinar una fecha de conclusión del caso, ya que la empresa constructora bajo el modelo de Proyecto de Prestación de Servicios (PPS) aún podría recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Como se ha informado, la semana pasada el gobernador Mauricio Vila Dosal anunció que junto con el Gobierno Federal y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), buscaría concluir el mencionado nocosomio, cuya construcción fue encargada a la empresa Infraestructura Hospitalaria de la Península S.A. de C.V., bajo la modalidad del Proyecto de Prestación de Servicios (PPS), durante la administración de la priista Ivonne Ortega Pacheco y que su sucesor, Rolando Zapata Bello, canceló por incumplimiento de contrato.
A raíz de la rescisión del contrato, la compañía exigió al Gobierno estatal 520 millones 323 mil 434 pesos de indemnización, a lo que los Servicios de Salud de Yucatán (SSY) emitieron una resolución en la que determinaban que estaban dispuestos a pagar 125 millones 51 mil 765 pesos.
La compañía interpuso dos demandas ante la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional para solucionar el conflicto: la primera fue rechazada y en el caso de la segunda, falló a favor de que la empresa cobre las cantidades que invirtió en la realización de la obra, que ascendían a los 723 millones de pesos.
A finales del 2018 un Tribunal Unitario determinó que el laudo que la empresa pretendía ejecutar debía ser resuelto por un Juzgado Civil y se le debía aplicar el Código Civil del Estado.
En entrevista, Tappan Silveira confirmó el anuncio del gobernador Mauricio Vila Dosal en días pasados al expresar que “la idea es que el recinto se reactive”, pero recalcó que el proceso jurídico continúa.
Comentó que hay avances en el mismo, ya que en días pasados un Tribunal Colegiado ratificó la resolución del Tribunal Unitario.
Eso sí, admitió que se desconoce cuánto tiempo se prolongará el proceso jurídico, pues dependerá de la carga de trabajo de los juzgados, que pueden tardar de un mes a dos en notificar al Gobierno del Estado la resolución. Además, la empresa aún puede recurrir a la SCJN como última instancia.
“Estamos esperando por la parte jurídica, que esto continúe. El litigio todavía está en proceso, pero se está analizando qué se puede hacer para que en cuanto culmine, inmediatamente se pueda realizar alguna acción”, sostuvo el funcionario.
(Con información de La Jornada Maya)
