Menos del 5 por ciento del agua es tratada en Yucatán

Las actividades de las zonas urbanas, la industria porcícola y la agricultura impactan negativamente la calidad del vital líquido

Mérida, Yucatán. En Yucatán, sólo es saneado menos de 5 por ciento del agua estatal y, específicamente en Mérida, menos del 30 por ciento, revelan datos de Salvador Castell González, director y fundador de Va Por la Tierra.

Las actividades de las zonas urbanas, la industria porcícola y la agricultura impactan la calidad del agua; estas han ocasionado que la calidad del líquido en el estado decrezca, pues alrededor de 70 por ciento del agua potable utilizable para actividades ya tiene un impacto de contaminación.

De acuerdo con el Índice de Competitividad Estatal (ICE) 2021, de El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), los estados que conforman la península de Yucatán ocupan los últimos tres lugares a nivel nacional en materia de manejo sustentable del medio ambiente: Yucatán en el puesto 30, Campeche 31 y Quintana Roo en el 32.

Esto quiere decir que los estados no se relacionan de manera sostenible y responsable con los recursos naturales y su entorno. Según el estudio, las entidades presentan dificultades en disponibilidad y administración del agua, aire y uso eficiente de los recursos.

“Estos elementos inciden directamente sobre la calidad de vida de los habitantes. El buen manejo de los recursos naturales y su sustentabilidad podrían tener un efecto considerable en la inversión y la atracción de talento en los estados en el mediano y largo plazo”, indicó el IMCO.

Para Castell González, el problema se agrava más debido a la expansión desordenada de los desarrollos urbanos.

En su opinión, la entidad debería optar por migrar a un sistema agroecológico y sustentable para revertir esta situación y disminuir los residuos, químicos y detergentes que usamos y llegan hasta el acuífero.

El también presidente del Colegio de Posgraduados en Ciencias Ambientales y Biotecnología del Sureste, explicó que el problema no es sencillo, pues el estado no tiene aguas de competencia estatal, sino que son de competencia federal, que se rigen bajo leyes federales. No es competencia ni responsabilidad del estado ni el municipio revisar la calidad del agua en general.

Los municipios, precisó, son responsables de verificar la calidad del líquido que entra a sus sistemas de drenaje y su tratamiento. Sin embargo, no existen plantas de tratamiento. 70 por ciento de las aguas que salen de las casas en Mérida van a parar a una fosa séptica; llegan sin ningún tratamiento directamente al acuífero.

Esto es un problema grave, advirtió, porque si aparte no le damos un mantenimiento a las fosas y sumideros, entonces se deja de tener una función de degradación parcial. Desde desechos humanos, grasas que se tira cuando se lavan los trastes, de la comida, desinfectantes, detergentes y jabones y demás artículos que usamos de manera común dirimente se van al acuífero, indicó.

Para el especialista, este grave problema se ha acrecentado con el crecimiento masivo de desarrollos de la ciudad y del estado, el cual ha sido desordenado; además, en muchos casos se ha acabado con las zonas forestales para convertirlas en áreas de pastoreo.

El reglamento municipal, detalló, obliga a que estos proyectos tengan plantas de tratamiento y un sistema séptico de biodigestor, pero otros municipios no cuentan con esta regulación. También otros desarrollos, conocidos como lotes de inversión, deberían instalar sus plantas, sin embargo, muchos, al no ser parte de zonas urbanizadas, no los tienen, señaló.

“Cuando se hacen estos desarrollos, las empresas deben adquirir el compromiso de prestar los servicios básicos, como colecta de basura, saneamiento de agua, potabilización, pero muchos no lo tienen”, expresó.

En cuanto a las empresas, sobre todo los giros industriales, deben tener una planta de tratamiento de aguas de manera obligatoria.

Castell señaló que hace falta mucha labor de monitoreo, auditores que verifiquen a las industrias y fábricas de una manera más contundente, ya que han observado que ante situaciones de verificación, las empresas utilizan “estrategias de emergencia”, compran químicos caros para rápidamente estabilizar su proceso de saneamiento.

“Les sale más barato hacerlo de emergencia, de vez en cuando, que estar operando constantemente las plantas de tratamiento, si hubieran revisiones semanales, saldría más barato operarlas bien”, expuso.

Ley estatal de aguas

Para el especialista, es urgente crear una ley estatal de aguas que regule estos temas y que prohíba ciertas actividades que dañan el acuífero. También es necesario cambiar hábitos y dejar de usar los químicos de limpieza, pues la mayoría de ellos no son biodegradables.

Una vez que se cuenta con esta ley, se deben firmar convenios para compartir competencias con la federación, el estado y los municipios, para que puedan regular las descargas que van directo a las zonas urbanas, e implementar un sistema de drenaje en alguna partes; invertir en infraestructura y migrar a un saneamiento real, señaló.

También indicó que en las viviendas, las personas deben empezar a reducir su huella ecológica utilizando detergentes, jabones y desinfectantes biodegradables; pero principalmente migrar a un sistema agroecológico; dejar de utilizar los compuestos que son de mayor impacto y optar por la sostenibilidad en cuanto a todos nuestros procesos humanos.

(Con información de La Jornada)