Medidas por covid 19 afectan derechos humanos: Codhey
Se han afectado sanitaria son los derechos laborales, a la educación, libre tránsito, a un transporte público eficiente, entre otros
Esta pandemia del covid-19 evidenció deficiencias y pendientes en materia de derechos humanos por parte de las autoridades y ciudadanía de Yucatán, decisiones que se tomaron sin una perspectiva de derechos humanos, reconoció Miguel Sabido Santana, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey).
Los principales derechos que se han visto más afectados y comprometidos durante esta emergencia sanitaria son los derechos laborales, a la educación, libre tránsito, a un transporte público eficiente, entre otros, expuso.
“Esta pandemia evidencia esa insuficiencia, falta de contar con los elementos necesarios y adecuados para una apropiada atención a los derechos humanos”, manifestó.
Como parte del Día de los Derechos Humanos, efeméride conmemorada cada 10 de diciembre, fecha en que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el año 1948, Sabido Santana hizo un balance de sobre los retos que enfrentó la Codhey durante este 2020.
Si bien, ha sido un año complicado por la emergencia sanitaria, el titular el organismo autónomo manifestó que los derechos humanos deben estar vigentes en todo momento, por lo que la Codhey se enfocó, sobre todo, en garantizar y proteger los derechos laborales, a la salud, educación, libre tránsito.
En el afán de proteger la salud de la ciudadanía, precisó, evitar mayores contagios, las autoridades estatales y municipales tomaron algunas decisiones que no eran las más adecuada, pues transgredían o violentaban los derechos de las personas, como fue las restricciones a la movilidad vehicular, o que algunos bloquearon los accesos de sus comunidades, por lo cual el organismo se pronunció e hizo exhortos.
Asimismo, se complicó todavía más el derecho a la educación, pues al haber esa transición de la educación presencial a la en línea, muchas personas no cuentan con acceso a internet, computadoras o aparatos electrónicos, sobre todo de las comunidades indígenas, lugares en pobreza y apartados, o tiene alguna discapacidad. “Mecanismos que se tienen que analizar y después replantear para atender a todos y todas por igual”, comentó.
Otro reto que enfrentaron, fue que por las medidas de distanciamiento social tuvieron que suspender sus actividades presenciales, términos y plazos, realizar actividades en línea o escalonadas, pero desde el mes de septiembre retomaron sus labores.
A la fecha, el presidente de la Codhey indicó que han emitido unas 22 recomendaciones y tienen en revisión otras cuatro; de éstas las lista la encabezan las instituciones policiacas municipales y estatales, entre las cuales se encuentra la Secretaría de Seguridad Pública, la Fiscalía General de Yucatán. De acuerdo con el entrevistado, esto es un constante que se ha presentado durante varios años.
También, este 2020 la Comisión estatal de Derechos Humanos, al mes de noviembre, registró 10 fallecimientos de personas a manos de las policías, de los cuales seis corresponden a corporaciones municipales y cuatro a la policía estatal.
Aunado a esto, la Miguel Sabido indicó que otras de sus laboras durante esta pandemia fue emitir posicionamientos sobre el manejo de medidas preventivas para evitar contagios y muertes en los Centros de Reinserción Social (Cereso), en los albergues, refugios, hospitales, así como la protección a los servidores públicos de salud, enfermeros, médicos quienes fueron agredidos y discriminados por temor de muchas personas a ser contagiados.
Por lo tanto, esta pandemia también debe obligarnos a reflexionar, analizar y replantear cómo modificar nuestras formas de convivencia para evitar situaciones similares.
En general, indicó que la ciudadanía y autoridades deben estar obligadas a construir alternativas nuevas de relacionarnos, de generar una cultura de respeto a los derechos humanos, de paz y solidaridad humana; cumplir la ley y que sus acciones se apeguen a la ética y valores que demanda su labor como servidores públicos.
(Con información de La Jornada Maya)