Líderes empresariales pisotean derechos indígenas en Yucatán
Mérida. En Yucatán los líderes empresariales ven la consulta indígena como un obstáculo para el desarrollo y creen que pueden saltársela para establecer proyectos energéticos, inmobiliarios y agroindustriales que atentan contra el derecho a la libre autodeterminación de los mayas en la entidad, a la salud y al medio ambiente, declaró el antropólogo Rodrigo Llanes Salazar, al presentar las preguntas a los candidatos a la gubernatura sobre los derechos del pueblo maya.
Llanes Salazar manifestó que en Yucatán se presentan violaciones al pueblo maya, en sus derechos humanos y su libre autodeterminación, generadas por el crecimiento económico, la especulación inmobiliaria, los proyectos agroindustriales como las granjas porcícolas y las caleras, y los energéticos como eólicos y solares, entre otras obras de infraestructura.
Ante el desinterés del estado de atenderlos, en la entidad ya se presentan casos graves y conflictos como Homún, Chablekal, Chocholá, Santa Gertrudis Copó, entre otros. Son conflictos que dividen a las comunidades, en los que se falta el respeto a los derechos de las mismas y se amenaza a los defensores de los derechos humanos, expresó.
Los proyectos también dañan los recursos naturales como el agua que es contaminada y los montes que son deforestados, también existe la incertidumbre jurídica desde las empresas sobre si se podrán establecer por el derecho a la libre autodeterminación, indicó.
Declaró que los líderes empresariales consideran a las consultas indígenas como obstáculos del desarrollo, a pesar de tener que realizarse por obligación. La iniciativa privada no respeta a las tierras y los procesos jurídicos, apuntó.
Consideró que durante las campañas políticas actuales se mantiene el discurso del orgullo por los mayas del pasado, con una visión asistencialista y paternalista, pero sin enfoque de derecho.
En casos como los proyectos de energías limpias, en San José Tipceh, Muna, hace una semana se concluyó la fase informativa sin la participación de expertos internacionales, a pesar de que la ley obliga a que estén presentes, manifestó.
Gonzalo Alcocer, representante del Consejo de Vigilancia del Ejido de Chocholá, indicó que se logró que la calera de Carlos Abraham, de 612 hectáreas, comprada por medio de prestanombres, se detuviera con medidas cautelares; sin embargo, ya destruyeron y expropiaron el área de cenotes para sacar material pétreo, afirmó. “Pero no han podido con nosotros”, indicó.
Gabriela Torres Mazuela, del Ciesas, indicó que en Yucatán el 56 por ciento de la superficie son tierras ejidales, divididas en 788 ejidos, pero se nota la cooptación y división que producen los empresarios entre los ejidatarios, al igual que desinformación, avalado por la Procuraduría Agraria. Acusó la presencia de empresarios en distintas zonas de la entidad, a pesar de que no viven en los ejidos y eso es prohibido por la ley.
Entre los cuestionamientos a los candidatos a gobernador y otros cargos en Yucatán, agrupaciones como Indignación, Greenpeace y el Colegio de Antropólogos de Yucatán, exigen que se responda: cómo será garantizado el derecho a la consulta previa de la población maya; acciones para garantizar el ejercicio de la libre determinación; acciones para garantizar justicia en temas agrarios y ejidales; se evitarían engaños y abusos de poder en megaproyectos y se corregirán los casos ya sucedidos.
¿Se cancelarían los proyectos que violan los derechos del pueblo maya?, las protecciones concretas para restablecer el control de las comunidades mayas sobre su territorio; acciones para fortalecer la participación democrática en la toma de decisiones de los mayas; y medidas para evitar la contaminación por agroquímicos en el agua potable y su presencia en la sangre de los humanos.
(Con información de La Jornada Maya)
