Discriminan federación y estados a indígenas en Chichén Itzá
Mérida. La Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA) indicó que los gobiernos de Yucatán y Quintana Roo discriminan y acosan a los artesanos y vendedores que trabajan en las zonas arqueológicas –cuyo territorio es mayoritariamente de propiedad privada–, y no dedican recursos suficientes a los municipios donde estos sitios se asientan.
En conferencia de prensa, los activistas Villevaldo Pech y Alfredo Peralta expusieron que unos mil comerciantes indígenas que laboran en la zona arqueológica de Chichén Itzá podrían ser desalojados por las autoridades del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), con el argumento de que están «asentados de manera ilegal».
Además, desacredita a los vendedores entre los visitantes nacionales y extranjeros, a quienes los guías de turistas les dicen que sus productos son ilegales y de mala calidad, lo cual afecta el medio de subsistencia de los artesanos y comerciantes.
Ante dicho escenario, los afectados exigieron que el INAH expropie la totalidad de los terrenos donde se encuentran las zonas arqueológicas, para que sean propiedad de la nación, y se aprovechen en beneficio de la población los recursos por más de 2 millones de pesos diarios que se obtienen en promedio en Chichén Itzá, tan sólo por la venta de boletos de entrada.
Con esos fondos, resaltaron, los habitantes del municipio yucateco de Tinum proponen impulsar el desarrollo local, a través de la construcción de escuelas, universidades y clínicas.
Por otro lado, señalaron que los habitantes de la región se enfrentan a condiciones cada vez más preocupantes de inseguridad y falta de servicios básicos, al mismo tiempo que los gobiernos otorgan concesiones a diversas empresas para explotar los recursos naturales de la zona sin ningún tipo de control.
(Con información de La Jornada Maya)
