Desmiente UADY campaña de maestra por sanción recibida
La profesora marcó con asistencia a dos maestros que estaban ausentes, lo que la institución confirmó con pruebas y instó a dejar de hacerlo
Mérida, Yucatán. Luego de que en días pasados estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) se manifestaron en apoyo a maestra que denunció violencia de género, laboral y sicológica, la facultad extendió un comunicado asegurando que no hubo tales agresiones.
Por medio de dicho comunicado, la facultad dice que la profesora G.A.M. fue identificada, por medio de cámaras de vigilancia, por marcar con asistencia a dos maestros que estaban ausentes, lo que la institución confirmó con pruebas y, a través del secretario administrativo, el 6 de septiembre le solicitaron que dejara dichas conductas.
Un día después, el 7 de septiembre, la facultad apunta que la maestra presentó una queja en contra del secretario administrativo por agresión verbal, acoso laboral intimidación, amenaza y difamación ante la Oficina del Abogado General (OAG) de la universidad.
En la denuncia, la docente alegó que el funcionario le causó daño a su estima, salud mental, integridad y estabilidad laboral, pues la acusó sin pruebas y la amenazó con no renovarle su contrato laboral.
LA OAG procedió, señaló la facultad, a solicitarle a la abogada María Monsreal Gómez, responsable de Conflictos Laborales, atender el caso, y para el 9 de septiembre envió un oficio la Comisión Ejecutiva para la Prevención, Atención y Sanción de Violencia de Género, Discriminación, Hostigamiento, Acoso y Abuso Sexual, dirigido al Abogado General, con el anexo del acuse de queja presentada en Ventanilla de Protocolo, en el cual se remite un asunto presentado por la maestra.
Inició entonces dos procedimientos de tipo administrativo-laboral, uno por la denuncia de la docente y el otro por la conducta de académicos en cuanto a sus obligaciones, este último impulsado por el director, Carlos Macedonio.
La facultad indica que durante los procedimientos la profesora G.A.M. no se presentaba, alegando que no quería enfrentarse con el secretario administrativo, pero se le comentó que el funcionario que no estaría presente y sólo iría un observador de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey), pero las autoridades aseguran que continuó sin asistir.
“Es importante señalar que en dicha diligencia el abogado Jorge Alín Pérez Patrón, auxiliar de la Codhey, hizo constar los nombres de las personas presentes en la diligencia de investigación administrativa para la cual fue citada la maestra Glendy, quien no asistió, a pesar de que no acudió el secretario administrativo”.
Apuntan que el proceso continuó con un estudio grasfoscópico para determinar si los registros de entradas y salidas coincidían con quienes asistían, con lo que dictaminaron la suplantación del personal docente involucrado y que la libreta de registros de asistencia había sido cometida por la docente. “El perito determinó específicamente que ella incurrió en esa situación los días 25 y 26 de agosto y 2 y 6 de septiembre de este año”.
Con estos resultados, las autoridades de la facultad sancionaron a la profesora con una suspensión de tres días hábiles sin goce de sueldo los días 10, 11 y 13 de octubre, castigo que acató sin recursos de inconformidad.
En cuanto a la queja presentada por la maestra, la declararon infundada y a solicitud de la profesora, “se remitió a la Auditoria Interna de la UADY una copia del procedimiento de investigación efectuado al Secretario Administrativo respecto a la queja de la Licenciada, así como del procedimiento seguido a los citados académicos de la Facultad”.
Finalmente, alegaron: “la Facultad de Derecho de la UADY afirma categóricamente que son falsas las imputaciones vertidas en torno a este asunto. Ni violencia de género, ni hostigamiento, ni acoso, simplemente una falta administrativa que se sancionó por falta de probidad y honradez en un asunto estrictamente laboral. Lamentamos que este caso se preste a otro tipo de situaciones”.
Como consecuencia del comunicado, la docente visibilizó por medio de sus redes sociales que la facultad «está intentando desvirtuar la violación de mis derechos humanos», pues reconoce que cumplió con la sanción que le fue impuesta, pero «lo importante de esta situación es que sí me encerró en una oficina donde fui agredida verbal y sicológicamente y también fui amenazada».
Apuntó que una falta nunca debe justificar la violación de derechos humanos y están encubriendo a su agresor, «no reconocerán que fui víctima de violencia de género e institucional, llegará hasta donde tenga que llegar. Cero tolerancia a la violencia en cualquiera de sus formas», finalizó.
(Con información de La Jornada Maya)
