Coordinación federal y estatal en sector porcícola de Yucatán
Corroborarán que las granjas cumplan implementen acciones urgentes en los municipios con mayor contaminación del agua
Mérida, Yucatán. Con la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) del convenio entre autoridades federales y estatales para implementar acciones que atiendan el impacto de las granjas porcícolas en Yucatán, a partir de este 5 de marzo comenzarán las tareas de preservación, conservación, remediación, restauración y protección del equilibrio ecológico.
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el gobierno del estado de Yucatán son los entes responsables de dar cumplimiento al convenio de colaboración.
Este documento establece 13 cláusulas divididas en distintos apartados para establecer las acciones que cada dependencia realizará, entre las que destacan las visitas de inspección para corroborar que las granjas cumplan con sus obligaciones y la implementación de acciones urgentes en los municipios identificados con mayor contaminación del agua a causa de esta actividad.
Las autoridades incluso deberán valorar la reubicación de aquellas granjas que se encuentren dentro de la Reserva Estatal Geohidrológica Anillo de Cenotes.
El convenio señala que todas las autoridades firmantes se coordinarán para la emisión de permisos, licencias, autorizaciones, concesiones y demás procedimientos administrativos que deberán realizar las granjas para el cumplimiento armonizado de la normatividad.
Además, obliga a realizar una consulta previa, libre e informada a las comunidades locales, y pueblos indígenas y afrodescendientes, cuando se trate del establecimiento de actividad porcícola.
Todas las dependencias involucradas contarán con un sistema de información conjunta para que conozcan la información general de cada centro de producción porcícola, como el número de cerdos contenidos, su capacidad productiva, los sistemas de tratamiento de aguas residuales, generación de gases contaminantes y planes de manejo de residuos y ambientales con los que se cuente.
Esta base de datos, que se actualizará cada seis meses, estará alimentada con información de un censo que se levantará en cada una de las unidades de producción porcícola.
Actividades específicas
El INECC será responsable de dar acompañamiento, capacitación, coadyuvancia, asesoría técnica y científica al gobierno del estado para la elaboración de estrategias y proyectos de disminución y control de la contaminación en el aire y suelo.
El IMTA va a desarrollar y actualizar semestralmente el semáforo de sustentabilidad hídrica que indique la carga contaminante al acuífero debido a la presencia de la industria porcina.
La Conagua realizará el monitoreo de la calidad del agua subterránea, seleccionando sitios estratégicos, considerando su ubicación con respecto a granjas porcícolas, con la finalidad de evaluar el impacto en la calidad del agua. También verificará el cumplimiento de la normatividad o condiciones particulares de descarga establecidas.
Además, realizará la inspección y vigilancia de las concesiones y descargas de los usuarios que sean consideradas un alto potencial de contaminación.
El gobierno del estado tiene la responsabilidad de dar seguimiento al avance de la implementación de programas de protección, restauración y compensación ambiental así como colaborar en la planeación y ejecución de acciones conjuntas.
En coordinación con la Profepa, vigilará el cumplimiento de la normativa ambiental y determinará los impactos acumulativos, sinérgicos y residuales al medio ambiente, así como determinar los daños a los ecosistemas y el ambiente ocasionados por la actividad porcícola.
También, ambos entes, establecerán las medidas correctivas y las de urgente aplicación, reparación, mitigación, compensaciones correspondientes, a partir de los respectivos estudios o peritajes de daños ambientales.
Todas las autoridades firmantes se comprometieron a reunirse al menos dos veces al año para dar seguimiento al cumplimiento de este convenio.
(Con información de La Jornada)
