Controla Yucatán libertad de expresión vía dueños de medios
En 2018 se reportaron 12 agresiones contra periodistas yucatecos (4 en el contexto del proceso electoral) y en 2019 van 4 casos
Mérida, Yucatán. En Yucatán no hay más libertad de expresión que en otros estados, ya que es una de las ocho entidades que conservan figuras penales que la criminalizan. También se ejercen otros tipos de violencia contra los comunicadores, como la económica, la institucional y la censura, debido a la “relación perversa” entre los gobiernos y los dueños de medios de comunicación, expresó Ana Cristina Ruelas Serna, directora regional de la asociación Artículo 19 México y Centroamérica.
De acuerdo al informe Ante el silencio, ni borrón ni cuenta nueva, de la mencionada agrupación, durante 2018 se reportaron 12 agresiones contra periodistas yucatecos, cuatro de ellas fueron en el contexto del proceso electoral. En lo que va de 2019 ya se han registrado otras cuatro.
Esto no significa que en la entidad “haya más libertad” de expresión que en otros estados, ya que actualmente Yucatán es uno de los ocho estados en los que se criminaliza la libertad de expresión: el Código Penal local todavía contempla figuras como la difamación, injurias y calumnias, explicó Ruelas Serna. “Muchos funcionarios deciden utilizar el apartado del estado e irse contra periodistas a través de la figura de daño moral”, expresó.
También, se ejercen otros tipos de violencia contra los comunicadores yucatecos, que fomentan la censura y la autocensura. Una de ellas es la económica, que se origina en la “relación perversa” que existe entre “gobiernos y dueños de medios de comunicación a través del dinero público”, sostuvo.
“Esto hace que muchas veces los reporteros no puedan publicar lo que quieren, porque están sujetos a quien paga. Nadie muerde la mano que le da de comer y en México los medios dependen del dinero público para seguir informando. En todos los partidos políticos se hace uso de dinero público; supuestamente pagan por publicidad, pero realmente pagan por propaganda, para ir en contra del periodismo y la posibilidad de que todos estemos informados”, subrayó Ruelas Serna.
Al respecto, aclaró que la publicidad oficial sí debe existir, pero no funcionar como subsidio, además que quienes tengan ese tipo de convenios deben garantizar a sus reporteros las prestaciones de ley, como seguridad social, ya que “hoy falta corresponsabilidad de las casas de medios con los periodistas” y es frecuente que existan “dueños ricos y periodistas pobres.
“El periodismo no es bien pagado; es un trabajo precario, difícil, los periodistas lo hacen porque les gusta, porque quieren acercar información a la gente, porque creen que la información es un mecanismo de poder. Por eso es importante que como sociedad lo protejamos”, destacó.
De igual forma, la violencia institucional contra los reporteros es preocupante, añadió. Ésta se presenta frecuentemente en autoridades municipales, que emprenden campañas de desprestigio y deslegitimación contra periodistas para “inhibir y amedrentar” su labor y limitar la posibilidad de que la ciudadanía esté informada.
Otro indicador es que la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) “no reciba denuncias de periodistas porque no tienen acreditación”, y generalmente cuando hay una persona detenida se considera que el caso está resuelto, cuando en realidad éste “sigue o no está bien armado”. Esto hace que “el círculo de impunidad esté perfectamente delimitado”, añadió Diego Armando Martínez Valor, abogado del Programa de Protección y Defensa de Artículo 19.
Ruelas Serna comentó que las campañas de desprestigio y la criminalización constante han generado que la sociedad desconfíe del periodismo y pierda la oportunidad de estar informado, como en los casos de Tamaulipas, Sinaloa y Coahuila, en los que “el divorcio entre el periodismo y la sociedad” es inminente. Por ello, añadió, es importante que las altas autoridades reconozcan la importancia del periodismo.
La activista exhortó al Congreso local a legislar para derogar los tipos penales que criminalizan la libertad de expresión, y también para fijar criterios claros y transparentes respecto a las pautas de publicidad oficial.
(Con información de La Jornada Maya)
