Clausura Profepa 4 granjas porcícolas en Yucatán
Los establecimientos no contaban con la autorización en materia de impacto ambiental federal y estatal en perjuicio del entorno
Mérida, Yucatán. En atención a las denuncias realizadas por organizaciones no gubernamentales y miembros de 21 comunidades mayas de Yucatán, Campeche y Quintana Roo, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró cuatro granjas porcícolas en Yucatán, ubicadas en los municipios de Maxcanú, Kinchil, Opichén y Mérida.
Estas acciones se llevaron a cabo, de acuerdo con un comunicado de la dependencia federal, porque dichos establecimientos no contaban con la autorización en materia de impacto ambiental federal y estatal; por las afectaciones a la biodiversidad; por no presentar los resultados de sus descargas de aguas residuales, y una inadecuada gestión y manejo de residuos peligrosos.
“La Profepa establecerá las estrategias de atención a la problemática ambiental que genera esta industria para identificar, en coordinación con la Dirección general de Impacto y Riesgo Ambiental de la Semarnat, si existen proyectos en proceso de autorización en materia de impacto ambiental y/o cambio de uso de suelo en zonas de selva baja, que deban ser evaluados antes de emitir un resolutivo favorable”, indicó.
Por su parte, en un comunicado, Indignación, Greenpeace México, Misioneros A.C.-Guardianes de las Semillas y Artículo 19 Oficina para México y Centroamérica, quienes promovieron las denuncias junto con las comunidades mayas, celebraron estas medidas del gobierno federal. “Los integrantes del pueblo maya y las organizaciones que presentamos dicha denuncia, vemos que estas clausuras realizadas por la Profepa son importantes, ya que son el primer paso para frenar las afectaciones ambientales ocasionadas por la industria porcícola”, destacaron.
Además, agregaron, es importante también que se reconozca el derecho a la libre determinación del pueblo maya, dado que, entre las violaciones a sus derechos, están la falta de acceso a la información, el derecho a la consulta y al consentimiento, los cuales son fundamentales para garantizar el derecho a la libre determinación.
En noviembre de 2020 integrantes de 21 comunidades mayas de la Península de Yucatán presentaron una denuncia popular de carácter regional ante las afectaciones ambientales, así como por las violaciones a sus derechos humanos como pueblos indígenas. Fue presentada ante las diversas autoridades ambientales: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat); la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua)
En el informe elaborado por Greenpeace, La Carne que está consumiendo al planeta, se menciona precisamente que únicamente cuentan con Manifestación de Impacto Ambiental, 22 de las 257 granjas identificadas en la Península de Yucatán. En el mismo informe se menciona como 122 de estas granjas se encuentran en regiones de atención a la biodiversidad.
(Con información de La Jornada Maya)
