Buscan que los pueblos sean protagonistas del desarrollo
Mediante reforma constitucional se impulsa libre determinación a los pueblos, el territorio, la cultura, la medicina tradicional…
Mérida, Yucatán. La actual propuesta de reforma indígena busca posicionar a los pueblos indígenas y afromexicanos en su lugar de sujetos de derechos, de forma que se conviertan en los protagonistas de su desarrollo, desde ahora, por medio de consultas y asambleas con las que puedan ser tomadas en cuenta sus opiniones.
“Estamos proponiendo la modificación de 15 artículos de la Constitución y prácticamente estamos vislumbrando un giro enorme a la estructura del estado mexicano”, asegura Hugo Aguilar Ortiz, coordinador general de Derechos Indígenas en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI).
El funcionario expresa que, desde su formación, en México la sociedad es pluricultural, multiétnica y plurilingüe. A pesar de eso, dicha diversidad sólo fue reconocida en la Constitución hasta 2001, con la aceptación de los pueblos indígenas a raíz del movimiento zapatista en Chiapas.
Aún con dichas modificaciones, no han habido grandes avances en la política pública relacionada con los pueblos indígenas, por lo cual, la nueva propuesta de reforma aborda 16 temas, esperando sentar las bases constitucionales para un estado verdaderamente pluricultural.
Aguilar asegura que la propuesta de reforma es integral, pues aborda los principales temas de la realidad de las sociedades indígenas con iniciativas para la autonomía (a nivel comunitario, municipal y regional) y libre determinación de los pueblos, el territorio, la cultura, la medicina tradicional, entre otros.
“Por ejemplo, estamos planteando una base constitucional para que se eviten los plagios de los diseños de los pueblos o el uso de sus conocimientos tradicionales sin su consentimiento”, señala.
El funcionario asegura que en el INPI consideran importante la representación política de los pueblos en los congresos locales y federales, por lo que “buscamos que la comunidad indígena se conforme como sujeto de derecho público en el país y tenga una existencia muy parecida a la que hoy tiene el municipio, así como su forma de relacionarse con las demás instancias del Estado”; destaca que la propuesta incidirá en todos los poderes de México y también en sus diferentes ámbitos de vida.
Aguilar señala que en general, por medio de encuestas, han encontrado gran coincidencia en su búsqueda del reconocimiento de la personalidad de los pueblos indígenas, ya que, hasta ahora municipios, estados y federación cuentan con un presupuesto, pero no los grupos originarios.
El mes pasado, el INPI informó que en las asambleas de seguimiento para Cuetzalan del Progreso, Puebla; Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo; Hopelchén y X´pujil, Campeche; así como Valladolid y Maxcanú, Yucatán la participación fue de mil 302 autoridades indígenas, diputados locales y federales, servidores del gobierno de México y representantes comunitarios.
“Las comunidades indígenas, ya sea que tengan una configuración como ejidos, como delegaciones municipales, agencias municipales, núcleos rurales o localidades, no tienen existencia jurídica ni pueden establecer una relación con el municipio, estado o federación y esa es una realidad latente en la península de Yucatán”, explica el coordinador de derechos humanos.
Aguilar enfatiza que las quejas por no recibir nada del presupuesto público, por ninguna vía, son constantes y esto se debe precisamente a la falta de existencia jurídica, razón por la cual trabajan para lograr que sean sujetos de derechos como pueblos indígenas y afromexicanos, ante la demanda generalizada.
El funcionario asegura que la marginación y pobreza vivida desde hace siglos por las poblaciones indígenas, además de su rezago del desarrollo, necesitan políticas públicas que impulsen ese desarrollo, desde sus propias formas organizativas.
En 2019 iniciaron la consulta en diversos lugares, entre ellos, Valladolid, para conocer la perspectiva de los pueblos originarios sobre el tema y fue el mes pasado en la asamblea cuando volvieron con ideas y propuestas, basadas en las sugerencias que les hicieron en la primera visita.
El instituto, en conjunto de un comité de especialistas, elaboró una propuesta de iniciativa para la reforma constitucional, misma que fue entregada a las comunidades para tomar en cuenta su visión “y hemos tenido una respuesta casi unánime de respaldo”.
Tras 72 asambleas en el país y una en Los Ángeles, Aguilar Ortiz señala que las poblaciones respaldan la iniciativa que construyeron, proponiendo la modificación a la Constitución y a las Leyes para que los pueblos indígenas tengan un reconocimiento al mismo nivel que cualquier municipio por mandato de Ley, “esa es la mayor aspiración”.
Si esto logra consolidarse, apunta, la política pública tradicionalmente asistencialista sería superada a través de un presupuesto asignado directamente a las comunidades con el que estas podrán atender sus problemáticas e impulsar su propio desarrollo: “estaríamos logrando que sean protagonistas de sus propias decisiones y destino”, finaliza.
(Con información de La Jornada Maya)
