Aunque aborto es legal, se criminaliza su práctica en Yucatán
Mérida. Aunque Yucatán fue uno de los dos estados en México en el que no se abrió ninguna carpeta de investigación por el delito de aborto en 2017 –el otro fue Nayarit-, las mujeres sí son criminalizadas de manera institucional y en la sociedad, por la falta de información, educación sexual, políticas públicas y la estigmatización, manifestó Adriana Bautista, miembro de la Red Nacional Católica de Jóvenes por el Derecho a Decidir y Red de Feministas Peninsulares.
El Secretariado Nacional de Seguridad Pública reveló información con respecto a las carpetas de investigación en relación al delito de aborto. La Ciudad de México, con 74, es el estado con más aperturas, seguido de Baja California, con 72, y el Estado de México con 38. En la península de Yucatán, Quintana Roo lidera con cuatro y Campeche le sigue con dos.
Bautista reconoció que la entidad no cuenta con denuncias penales por aborto en 2017, pero las mujeres son criminalizadas cuando acuden a los servicios públicos de salud y piden el servicio. Además, enfatizó que 29 mujeres acudieron a la Ciudad de México –donde sí es legal- para practicarse la interrupción del embarazo.
Señaló que, el año pasado, diversas organizaciones se manifestaron en la entidad porque consideran que no debe existir el derecho al aborto, por lo que “eso hace que en el imaginario de la sociedad sea una situación que se evidencie por la cuestión religiosa. Se estigmatiza, se considera que está mal o que hay otras maneras de mirarlo”.
Enfatizó que es necesario un diálogo en Yucatán y en México para que las personas conozcan los derechos, como el hecho de que en el estado hay cinco causales para interrumpir el embarazo, pero aun así los servicios de salud las estigmatizan y, al ser un tema tabú, se esconde la información cuando las mujeres acuden a pedirla.
Las causales son un acto imprudencial de la mujer embarazada, como caídas o resbalones; que el embarazo sea producto de una violación; que exista peligro de muerte para la madre; que existan causas económicas graves y justificadas, cuando la mujer tenga por lo menos tres hijos, y cuando el feto padezca alteraciones genéticas y congénitas que resulten en trastornos físicos o mentales graves.
Expresó que “criminalizar el aborto es también criminalizar la falta de información, la carencia de políticas públicas en salud, la falta de educación sexual con respecto al sexo seguro y protegido y la violencia sexual, sicológica y física”. Esas razones, dijo, provocan que las mujeres puedan tener un embarazo no deseado.
Destacó la importancia de que se conozca la realidad sobre el aborto en este momento, desde perspectivas legales, médicas y sociales, para que las mujeres tomen mejores decisiones en cuanto a la planeación de su vida. Afirmó que “una mujer que aborta necesita todos los elementos para elegir”.
Afirmó que el diálogo permitirá que se sepa lo que ocurre en torno al tema y las opciones sobre si se desea o no interrumpir el embarazo.
(Con información de La Jornada Maya)
