Aumenta Yucatán impuestos a casinos y automotores

Durante la sesión se desechó la propuesta del diputado Alejandro Cuevas Mena (PRD), quien pidió no aumentar ningún impuesto

Mérida, Yucatán. Luego de casi 10 horas de discusión, los diputados de la Comisión de Presupuesto, Patrimonio Estatal y Municipal aprobaron las primeras dos partes del paquete fiscal, conformado por las leyes de Hacienda y la de Ingresos, que contemplan aumentos en diferentes derechos como verificación vehicular y licencias de conducir, además de la eliminación del impuesto a la extracción de materiales pétreos y el aumento del 10 al 16.5 por ciento en el gravamen a casinos y sorteos.

Para “recuperar” los más de 11 millones de pesos que el Ejecutivo estatal pretendía obtener por el primer impuesto, se aprobó aumentar a 16.5 por ciento el que se cobra a casinos y casa de juego.

La eliminación del impuesto al material pétreo fue propuesta por Miguel Candila Noh, de Movimiento de Regeneración Nacional, y apoyada por Lilia Rosas Frías Castillo (PRI), Milagros Romero Bastarrachea (MC) y Rosa Adriana Díaz Lizama (PAN), aunque esta última fue quien hizo notar la reducción en 11 millones de pesos a los ingresos estatales para el año próximo.

Romero Bastarrachea propuso elevar el impuesto a los casinos, para contrarrestar la ludopatía, al 16.5 por ciento, cuando la propuesta del Ejecutivo marcaba un aumento del 10 al 15 por ciento.

Durante la sesión se desechó por mayoría la propuesta del diputado Alejandro Cuevas Mena (PRD), quien pidió no aumentar ningún impuesto y menos crear, para no atentar contra el bolsillo de los yucatecos, “que son los que finalmente pagan todos los aumentos de las cargas tributarias a las empresas y servicios”.

Posteriormente, el priista Felipe Cervera Hernández puntualizó que ambas iniciativas de ley incluían “un rosario de errores de origen” y cuestionó “¿cómo quieren que hagamos cuentas si no sabemos las cuentas del gobierno?”.

Ante tal situación, el panista Víctor Merari Sánchez Roca, presidente de la Comisión de Presupuesto, consideró hacer un receso que se prolongó por más de seis horas; fue hasta pasadas las 19:30 horas que se propuso la elaboración del dictamen, que se votó y aprobó.

Inconstitucional recorte a Poder Judicial

La intentona del gobierno del estado para hacer ajustes al presupuesto del Poder Judicial raya en acciones de inconstitucionalidad que afectarían el sistema de justicia, al grado que la población podría hacerse justicia por su propia mano, advirtió Melba Angelina Méndez Fernández, consejera presidente de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura de Yucatán.

Una delegación de consejeros de la Judicatura, encabezada por Méndez Fernández, arribó para demandar que se cumpla lo establecido en el artículo 64 de la Constitución Política del Estado de Yucatán, lo cual significaría un presupuesto superior a los 700 millones de pesos para el Poder Judicial.

“Vinimos a hablar con la Comisión de Presupuesto y también con todo el Congreso para gestionar que cumplan con la Constitución del estado, que dice que el Poder Judicial tiene derecho a un 2 por ciento del gasto programable del estado. No hemos alcanzado en el presupuesto de ningún año anterior ese 2 por ciento”, subrayó.

Advirtió que el mismo artículo establece un irreductible para el Poder Judicial, impidiendo que se le asigne una cantidad menor a la ejercida durante el año anterior.

“Nosotros nos estamos haciendo cargo del control de los conflictos sociales, le están dando mucho dinero a la SSP y es correcto, pero una vez que esos conflictos ya elevaron su nivel pasan al Poder Judicial, que es donde el control de los conflictos sociales se puede detener; los familiares, los mercantiles, los penales, los civiles, los de ejecución; está todo lo de mediación que manejamos, las órdenes de protección”, enumeró.

Advirtió que en caso no de fortalecerse al Poder Judicial con recursos económicos, “entonces la gente podría hacerse justicia por su propia mano.

Indicó que, durante años, el Poder Judicial se ha visto sujeto a programas de austeridad. Sin embargo, tan solo la mediación significa una carga superior a los 20 mil casos anuales.

Al final, Méndez Fernández indicó que no hubo oportunidad de sostener una reunión con los diputados, toda vez que sólo sostuvo una charla con Víctor Merari Sánchez Roca, presidente de la Comisión de Presupuesto, Patrimonio Estatal y Municipal, quien no hizo compromiso alguno con los consejeros.

(Con información de La Jornada Maya)