Actualizan Código Penal por ciberacoso en Yucatán
“A pesar de vivir en uno de los estados más seguros del país no podemos bajar la guardia”, señala diputado priista
Mérida, Yucatán. La LXII Legislatura del Congreso del Estado aprobó por unanimidad, en sesión ordinaria, los dictámenes por los cuales se modifican el Código Penal del Estado en materia de ciberacoso y de aumento de sanciones por delitos cometidos en contra de periodistas, así como la postulación de la medalla “Consuelo Zavala Castillo” a la arqueóloga, historiadora e investigadora yucateca, Piedad Peniche Rivero, la que se entregará en sesión solemne el 8 de marzo en el marco del Día Internacional de la Mujer.
“A pesar de vivir en uno de los estados más seguros del país no podemos bajar la guardia, por lo que con este dictamen actuamos con firmeza, a favor de asegurar que la fuerza de la razón y la verdad prevalezcan por encima de la violencia y se castigará con todo el peso de la ley a quienes atenten contra los periodistas y su importante labor”, expresó el promovente de la iniciativa de aumento de penas en delitos contra comunicadores, Luis Borjas Romero (PRI).
Por ello cuando se cometa un delito doloso previsto por el Código Penal en contra de algún periodista, persona o instalación con la intención de afectar, limitar, menoscabar el uso del derecho a la información, a la libertad de expresión o a la de imprenta, o en represalia del uso de estos derechos, se aumentará hasta en una mitad la pena establecida para tal delito.
También se aumentará la pena hasta el doble cuando el delito sea cometido por un servidor público en ejercicio de sus funciones o la víctima sea mujer y concurran razones de género en la comisión del delito.
Con relación al ciberacoso, Borjas Romero indicó que hay que reconocer que el internet se ha convertido en una herramienta valiosa para el desarrollo de la sociedad, “pero también tenemos que reconocer que se usa para agraviar a las personas con todo tipo de violencia”.
En este sentido, comete el delito de ciberacoso quien amedrente y hostigue a cualquier persona, a pesar de su oposición, por medio de las Tecnologías de la Información y Comunicación, como son las redes sociales, mensajería instantánea, correo electrónico o cualquier otro medio digital; mediante el envío de mensajes de texto, videos, impresiones gráficas, sonoras o fotografías.
El mencionado delito se castigará con penas de seis meses a tres años de prisión y de cincuenta a doscientos días-multa y cuando la víctima sea un menor de 18 años, la pena y la sanción establecida se aumentarán hasta en una mitad.
Iniciativas
La diputada de Movimiento Ciudadano (MC), Milagros Romero Bastarrachea, entregó una iniciativa para homologar las leyes estatales con las federales, a fin de aumentar las penas para los agresores de mujeres y también consideró necesario incrementar las sanciones en el caso de abuso sexual contra personas menores de quince años.
Por otro lado, Borjas Romero presentó una Iniciativa en materia de la creación del Registro de Deudores Alimentarios de Yucatán, que funcionaría como un instrumento de apoyo en los procedimientos jurídicos por alimentos, además de ser un mecanismo de presión social y civil para responsabilizar a los padres que incumplen con sus obligaciones y violentan los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Punto de acuerdo
A su tiempo, el coordinador de la bancada priista, Felipe Cervera Hernández, presentó un proyecto de Acuerdo, admitido por 13 votos a favor, 10 de la fracción parlamentaria tricolor y tres de Morna, y 11 en contra, de las otras 5 fuerzas políticas que integran la actual legislatura, para que el Congreso del Estado de Yucatán, a través del Presidente de la Mesa Directiva, “dará vista a las autoridades correspondientes por los hechos y omisiones en que hayan incurrido los servidores públicos contemplados en el artículo 28 de la Constitución Política del Estado de Yucatán que, con motivo del Primer Informe de Gobierno, incumplieron con la obligación constitucional de dar respuesta a las preguntas formuladas por los integrantes de la Sexagésima Segunda Legislatura del Estado de Yucatán”.
En asuntos generales, Silvia López Escoffié (MC) presentó una iniciativa para que el titular de la Comisión de Derechos Humanos luego del informe anual de actividades ante el pleno de los diputados, pueda ser citado a comparecer ante la comisión permanente en la materia en un lapso no mayor a 10 días hábiles.
Por último, Karla Franco Blanco (PRI) presentó una iniciativa para regular el tiempo de intervención de las diputadas y los diputados en las sesiones plenarias.
(Con información de La Jornada Maya)
