¿A mí quién me devuelve a mi bebé…?, clama víctima

Acusa a la policía de Progreso por tortura, calumnia, privación ilegal de libertad, violación a los derechos humanos, que le produjo un aborto

Mérida, Yucatán. María Guadalupe Pech Solís, junto a su esposo Rony Gonzalo Torres Mena, interpuso una demanda el pasado 20 de junio ante la Fiscalía General del Estado de Yucatán, señalando a la policía, al presidente municipal de Progreso, Julián Zacarías Curi, y a quien resulte responsable, por los delitos de tortura, calumnia, privación ilegal de libertad, violación a los derechos humanos y demás acciones de las cuales fueron víctimas ella y su esposo el 10 de junio, lo que trajo como consecuencia, declaró, que abortara un embarazo de dos meses. El número de la carpeta de investigación es F1-F1-129/2020.

“(Los policías) ya han matado a varias personas, no es justo. ¿A mí quién me devuelve a mi bebé?… Queremos que se haga justicia, que se llegue hasta las últimas consecuencias, ¡si tienen que ir a la cárcel los involucrados, que vayan!”, sentenció.

La maestra también interpuso una queja en la Comisión de Derechos Humanos de Yucatán (Codhey), que desde el 18 de junio solicitó a Zacarías Curi la adopción de una medida cautelar “a fin de que se giren las instrucciones necesarias al personal a su cargo con el objeto de garantizar a María Guadalupe Pech Solís y Rony Gonzalo Torres Mena su derecho a la seguridad jurídica e integridad física evitando cualquier acto de molestia sin que esté debidamente fundado y motivado”.

Sin embargo, la Codhey informó que el plazo venció el sábado 20 de junio y no respondió, por lo que se da por no aceptada, ya que no contestó en el período establecido y tampoco se comunicó.

Los demandantes alegan que fueron detenidos ilegalmente y con violencia por parte de la policía de Progreso, que los acusó de estar involucrados en el asesinato del policía Luis Manuel Pacheco Chuc. Sin embargo, los tuvieron que liberar al no poder demostrar su responsabilidad en las acusaciones.

Pech Solís recuerda los hechos: el pasado 10 de junio, a las tres de la mañana, por los antojos del embarazo, le pidió a su pareja que fuera a comprarle un refresco.

Al estacionarse en la puerta de su hogar, un convoy de policías municipales recorría la zona, y “confundieron” al hombre con el presunto asesino que buscaban. Los agentes, según comentó, con exceso de fuerza, lo obligaron a bajarse de su vehículo y lo trasladaron en una patrulla la comandancia de Progreso.

“Por un momento, creí que mi esposo había chocado, no entendí bien qué ocurría, entonces salí para averiguar qué había pasado, pero para mi sorpresa, los y las policías me recibieron con agresiones físicas”, explicó.

Pech Solís, también fue detenida, minutos más tarde, en la puerta de su casa. Relató que las uniformadas ignoraron cuando les dijo que estaba embarazada, la tiraron al piso y la patearon en el vientre.

La profesora afirma que sin haber hecho una llamada y detenida sin justificación, fue torturada: “Los policías me enrollaron un trapo por la cabeza y boca, y comenzaron a presionar para que confiese mi participación en el crimen”.

A su vez, comenta que por momentos no podía respirar e incluso vomitó. Después de varias horas de haber permanecido en el vehículo policiaco fue trasladada a una celda en donde vio a su esposo, también detenido y golpeado.

“Me trataron de una forma inhumana, comencé a sentir dolores en el vientre e imploré que un doctor me revisara. Sin embargo, se burlaron de mí y me negaron la asistencia médica”, explicó. Luego de más de 24 horas fue puesta en libertad, comenzó a sentir contracciones y calambres. Más tarde, según dijo, tuvo un sangrado y perdió a su bebé.

Presunta venganza

La maestra refiere que esto es una “venganza familiar” en su contra porque no es la primera vez que pasan por una situación así. Recuerda que en 2018 su familia fue “secuestrada” dentro de su camioneta. Los subieron en una grúa y los encerraron en el corralón de la policía de Progreso, acusaron a su esposo de haber participado en el robo de una embarcación, pero se comprobó que él no fue. “Todo lo que pasa, lo quieren culpar a él”, indicó.

De acuerdo con Guadalupe, esto se debe a que su esposo estuvo encarcelado hace años, le fabricaron un expediente; estuvo preso tres años, pero fue declarado inocente y un juez pidió que se investigara a todos los policías involucrados en la detención ilegal y fabricación de pruebas.

Desde entonces la policía ha estado en su contra y ha atentado contra su integridad varias veces, mencionó la presunta afectada.

Responde el alcalde

Tras darse a conocer la solicitud de informes detallados de los hechos, el alcalde Julián Zacarías señaló en un comunicado: “Siempre estaremos dispuestos a atender las solicitudes y a resolver las inquietudes de los ciudadanos. Está en curso una investigación para que se deslinden responsabilidades y se conozca la verdad”.

“Las autoridades del H. Ayuntamiento de Progreso, que tengo el honor de encabezar, están realizando, desde que se tuvo conocimiento de este caso, una ardua, intensa labor de investigación, siguiendo siempre los procedimientos que marcan las normas; en todo momento he estado al pendiente de los avances de esta investigación, aún en curso, supervisando que se respeten y salvaguarden los derechos de los presuntos involucrado”, expresó.

Mediante un comunicado, la Red de Abogadas Violetta Yucatán condenó estos hechos, asegurando que violan derechos fundamentales, así como el derecho de una vida libre de violencia, y exigió a la FGE, al Ayuntamiento de Progreso y demás autoridades competentes que se tomen las medidas necesarias para esclarecer y sancionar estos hechos, así como proporcionar medidas de protección a las víctimas”.

Por su parte, la legisladora de Movimiento Ciudadano, Milagros Romero Bastarrachea, en su calidad de presidente de la Comisión Permanente de Igualdad y Género del Poder Legislativo, también solicitó a Zacarías Curi un informe detallado de los hechos.

“Le pido en nombre de la ciudadanía que tome las medidas pertinentes y aplique las acciones que sean necesarias para clarificar lo ocurrido y en su caso haga valer las normas jurídicas, así como las sanciones justas en contra de los responsables de estos hechos lamentables”, manifestó la legisladora.

(Con información de La Jornada)